El Instituto Nacional Electoral (INE) adelantó que, de aprobarse los cambios a las leyes electorales, conocida como Plan B, interpondrán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Durante una conferencia de prensa, señalaron que, de entrada, 2 mil 175 integrantes del Servicio Profesional Electoral (SPF) perderían su empleo en el corto plazo, cifra que aumentaría por las implicaciones totales de la reforma.
El consejero Ciro Murayama señaló que se trata de la destrucción de la capacidad operativa del INE para organizar comicios, con el principal riesgo de que, en un futuro, sean los operadores de los gobiernos en turno los que se encarguen de organizar la instalación de casillas.
El cercenar al 84% del Servicio Profesional Electoral implica el desmantelamiento de las 300 juntas distritales y las 32 locales, las cuales solo quedarían con personal eventual y solo un enlace con las diversas áreas especializadas del órgano electoral.
Lo anterior, explicó el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, tendría una implicación directa en la administración del Padrón Electoral, las Módulos, que diariamente entregan hasta 60 mil credenciales de elector, los procesos de fiscalización y el conteo de votos tras los comicios.
Al respecto, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña aseveró que, de aprobarse la reforma, acudirán a la Suprema Corte y envió un mensaje a los ministros: “es como si les eliminarán a los jueces de distrito y de un día para otro al Consejo de la Judicatura Federal, es muy grave”.
Por su parte, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello aseveró que el despojar a miles de funcionarios de sus puestos de trabajo atenta contra sus derechos laborales, por lo que el INE, dijo, sería empático con las acciones que organicen para defender sus plazas.
Abundó que el organismo recurrirá a “todas las vías jurídicas”, ante el debilitamiento de la estructura para organizar elecciones, en vísperas de los comicios presidenciales de 2024.
En el ámbito técnico, apuntó que se alteran la mayoría de procesos ya probados en la organización de más de 300 procesos electorales, por lo que la reforma produciría un efecto regresivo y generaría incertidumbre.
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Córdova Vianello pidió al Senado y la Cámara de Diputados analizar a profundidad los cambios y les planteó organizar reuniones para ofrecerles la información técnica sobre cómo se organizan las elecciones, porque, insistió, el INE no fue consultado para la confección del llamado Plan B.
Señaló que en caso de que el Legislativo no preserve el orden constitucional, será la Suprema Corte la que tendrá en sus manos el futuro del orden democrático del país.
CSAS