El Centro de Derechos Reproductivos, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto pidieron a las autoridades de El Salvador que entreguen un reporte sobre el aborto legal en el país, después de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe debía entregarse el 1 de diciembre pasado, pero se solicitó una prórroga. Las medidas dictadas por la Corte son de urgente cumplimiento porque, de acuerdo con cifras de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, entre los años 2000 y 2019 en El Salvador se identificaron 181 casos de mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y fueron procesadas en el marco de la penalización absoluta del aborto.
97 de ellas sufrieron emergencias obstétricas y fueron criminalizadas. La mayoría fueron condenadas por delitos como aborto u homicidio agravado, con una condena de hasta 50 años. A finales de 2021, la Corte IDH condenó a El Salvador por el caso Manuela y estableció que la prohibición absoluta del aborto ha impactado desproporcionadamente a las mujeres.
Un año más tarde, denuncian, El Salvador ha avanzado muy lentamente en el cumplimiento de las medidas. De acuerdo con las organizaciones, contrario a lo ordenado por la Corte, a la fecha dos mujeres siguen privadas de la libertad, mientras otras dos enfrentan procesos judiciales que tienen falencias similares a las que terminaron con la condena injusta y la posterior muerte de Manuela.
Manuela era una mujer campesina que tuvo su tercer embarazo mientras padecía un cáncer no diagnosticado.
En su casa sufrió una emergencia obstétrica y fue llevada al hospital, inconsciente y con una hemorragia severa, pero en lugar de recibir atención, fue denunciada por los médicos, engrilletada a la camilla, detenida arbitrariamente, juzgada sin garantías y condenada a 30 años de prisión en condiciones inhumanas, sin atención a su enfermedad.
LEG