Los casos positivos de Covid-19 se han incrementado sustancialmente en las últimas semanas, pero a las autoridades federales no parece importarles mucho.
Hay una ausencia total de información sobre los casos detectados diarios y sobre el número de víctimas fatales.
Pero en las calles se ha vuelto común el conteo de los familiares, amigos o conocidos que han vuelto a contraer el virus.
El desdén de las autoridades por informar acaso se debe a que los contagios, si bien son numerosos, no han provocado el número de fallecidos que ocurrieron durante las cinco olas previas, sobre todo las primera y segunda.
Pero ello no significa que el Covid-19 deba ser desatendido.
En China, en donde la población protestó por las medidas restrictivas que el Gobierno mantenía, se multiplicó el número de contagios y de muertes, provocando una crisis de salud similar a la de la primera ola.
En el país, en donde el Gobierno siempre tuvo una posición ambigua sobre la utilidad del cubrebocas, parece que no pasa nada.
Pese al registro del incremento de los contagios, no ha habido una campaña para insistir en el uso del cubrebocas; se siguen haciendo eventos masivos en todo el país y los gobernadores tampoco tienen interés en adoptar medidas preventivas para frenar los contagios.
Ahí está el caso del flamante gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien dijo que en cuanto los contagios en la entidad lleguen a “cien diarios’’, entonces volvería a las medidas de prevención.
¿Qué necesidad?
A ver si con el incremento de los contagios vuelve la información oficial sobre el Covid-19, no para esperar que el Gobierno retome acciones preventivas, que no lo hará, sino para que la población esté al tanto del riesgo y tome sus propias precauciones, como ha sido desde la aparición del virus.
CI Banco, que dirige Mario Maciel, depositó en un juzgado de distrito un cheque por poco más de 16 millones de dólares, de los 43 que deberá pagar por orden judicial a la empresa Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados (TRESE).
Como usted recordará, TRESE se asoció con dos empresas más para participar en una licitación de PEMEX para la construcción y operación de una plataforma sumergible de compresión de gas, en el 2012.
Las empresas en cuestión son Coastal Contracts y Nuvoil-SIC (Sistemas Integrales de Compresión); la primera es de Malasia y la segunda mexicana, de Veracruz.
El consorcio ganó la licitación pero en una maniobra Coastal y Novoil quisieron dejar fuera a TRESE; Coastal presentó una oferta de compra hostil de la participación de TRESE en la sociedad a cambio de que se fuera a concurso mercantil, en perjuicio de sus acreedores.
La oferta fue rechazada por el empresario Ricardo Silva y desde mediados del sexenio pasado comenzó un litigio por los recursos invertidos por TRESE en el proyecto.
Para recibir los recursos, el consorcio creó un fideicomiso en CI Banco (CIB/2346) en el que Pemex Exploración y Producción depositaban los pagos, pero en la disputa legal el banco quiso desconocer su responsabilidad en el tema.
Después de años de litigios, ya como cosa juzgada, un juez determinó que CI Banco debe pagar unos 43 millones de dólares a TRESE y Pemex unos 114 millones de dólares.
El banco, que se negaba a reconocer la deuda, pagó ya poco más de 16 millones de dólares y con Pemex es cuestión de tiempo para que el Poder Judicial haga valer la determinación del juez.
Por cierto, ya comenzaron los citatorios de carácter penal a los involucrados en este intento de presunto fraude.
LEG