A través de una opinión jurídica se busca evitar que el Instituto Nacional de Migración (INM) deporte a extranjeros por dar opiniones políticas o sociales en México.
Así lo indicó ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien dijo que la próxima semana entregará una opinión jurídica a la Cámara de Diputados para que proceda a dictaminar una minuta.
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El 16 de diciembre pasado, el presidente López Obrador sugirió derogar el artículo 33 de la Constitución, que prohíbe a extranjeros inmiscuirse en los asuntos políticos de México y que prevé la expulsión de extranjeros del territorio nacional.
La propuesta surge luego de que el expresidente Felipe Calderón solicitó aplicar dicho artículo y expulsar al español Abraham Mendieta, promotor del propio López Obrador y la 4T en medios de comunicación mexicanos.
Esto después de que Mendieta exigió la expulsión de la diputada federal de Morena por Chiapas, Adela Ramos Juárez, a quien incluso trató de vetar en cargos públicos de por vida, todo por votar en contra la reforma electoral, impulsada por el jefe del Ejecutivo.
“La diputada de Morena Adela Ramos, a la que por cierto, ni siquiera ubico, traicionó al pueblo de México votando en contra de la Reforma Electoral junto al PRI y al PAN”, acusó el analista.
Ayer desde el Salón Tesorería, Adán Augusto López explicó que dicha minuta será para que el INM ya no pueda ser usado como un pretexto para deportar de manera “fast-track” a alguien, y detalló que se establecerá un procedimiento jurídico que será regulado por la Secretaría de Gobernación para garantizar a los extranjeros el derecho a la previa audiencia.
El secretario de Gobernación justificó que el artículo 33 constitucional, en su párrafo segundo, ha sido una herramienta que ha sido utilizada con total discrecionalidad para coartar la libertad de expresión o de manifestación de las personas extranjeras que se encuentran en territorio mexicano.
“Vamos a presentar una opinión para que se modifique la minuta y no tenga facultades el Instituto Nacional de Migración, ya no podrá ser usado nunca más como un pretexto para deportar o expulsar vía fast track a alguien”, dijo.
El secretario de Gobernación señaló que, al modificarse la ley en 2011, se agregó un párrafo por el que ahora tiene que haber una audiencia previa, pues antes se utilizaba al INM para expulsar del país a los extranjeros.
“La Constitución obliga a que se haga una ley reglamentaria del artículo 33; esa iniciativa se presentó desde hace cinco años en el Senado, fue aprobada y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados”.
LEG