Esta semana, el Gobierno peruano decidió declarar al embajador de México en ese país como persona non grata, concediéndole 72 horas para abandonar su territorio. El motivo, de acuerdo con lo publicado por la cancillería de Perú, las reiteradas expresiones de las más altas autoridades mexicanas sobre la situación política en aquella nación. Para dimensionar la magnitud de esta situación, vale la pena hacer referencia al uso de este mecanismo diplomático en el pasado reciente.
Serguéi Skripal, exoficial ruso y agente doble de los servicios de inteligencia del Reino Unido, fue envenenado en 2018. Las investigaciones alrededor del caso arrojaron que, junto con su hija Yulia, fue víctima del uso de una sustancia conocida como novichok, un agente nervioso de origen ruso. Ambos, padre e hija, lograron sobrevivir, pero el incidente provocó un profundo deterioro en las relaciones diplomáticas entre las dos naciones involucradas.
Diez días después del envenenamiento, la entonces primera ministra británica Theresa May informó al Parlamento su decisión de nombrar personas no gratas a 23 integrantes del cuerpo diplomático ruso en el Reino Unido. Rusia contestó con una medida de iguales proporciones, al aplicar la misma acción sobre 23 diplomáticos británicos con funciones en ese país. Poco tiempo después, en apoyo al Reino Unido, el Gobierno estadounidense declaró a 60 diplomáticos rusos como personas no gratas.
La definición pura del concepto persona non grata se refiere a quien algún Gobierno o institución considera indeseable. Como instrumento diplomático, su uso es altamente flexible y discrecional; de acuerdo con la Convención de Viena, un Estado puede, en cualquier momento y sin tener que explicar su decisión, aplicar este mecanismo al personal diplomático de otro país.
Más allá de las definiciones, los casos en que Estados recurrieron a este mecanismo se dieron en momentos de extrema tensión entre naciones o en contextos en los que el respeto a la soberanía de otro país fue violentado de manera flagrante. Lo sucedido entre el Reino Unido, EU y Rusia en 2018, muestra también que, una vez que se invoca esta práctica, reconstruir las relaciones entre países resulta, al menos, complejo.
Perú atraviesa por una crisis institucional sobre la cual todas las naciones debemos, con respeto a la soberanía del país andino, hacer votos para que se restablezcan el orden, la democracia y el Estado de derecho.
Las expresiones del Gobierno de México no vulneran la soberanía de la República del Perú, al contrario, son realizadas bajo la política de no intervención, con el único objetivo de fortalecer nuestras relaciones y abonar a una ruta que permita restaurar la paz y el equilibrio.
Por ello, como ya lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la decisión del Gobierno peruano resulta infundada. En el Senado de la República, órgano revisor de la política exterior del país, hacemos votos para retornar a la ruta de la concordia y la hermandad que históricamente han unido a nuestras naciones. Evitemos seguir caminando hacia callejones sin salida.
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