Aclarado el punto, en cadena nacional, que los programas sociales no tienen la finalidad de reducir la pobreza sino de constituir una clientela electoral, según lo reconoció el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí algunas consideraciones.
Desde el inicio de su administración quedó claro que su intención de promover becas y ayudas sin un estudio previo del impacto en las finanzas públicas a largo plazo no tenía un objetivo económico-social, sino político.
López Obrador dijo que la ayuda a los pobres -becas a ninis, pensiones a los adultos mayores, ayudas a madres solteras, sembrando vida, entre otros- es un asunto “de estrategia política’’.
“Ayudando a los pobres, uno va a la segura porque cuando se requiere apoyo a la transformación, ahí están’’, confesó.
Eso explica la voracidad del Gobierno por los recursos de los fideicomisos, que ya no existen y cuyo dinero se agotó el año pasado.
Lo más grave es que los dichos presidenciales demuestran que nunca hubo en realidad una política real, cierta, de combate a la pobreza y eso se demuestra fácilmente con las estadísticas del INEGI y el Coneval en los que se documenta que el número de pobres en el país aumentó en casi tres millones de personas.
Aunque el número de trabajadores registrados en el IMSS muestra un incremento, se trata de puestos de trabajo de menor categoría, es decir, registrados con sueldos más bajos que el sexenio anterior.
De hecho, el número de trabajadores afiliados al IMSS se incrementó en buena medida por la ley que sanciona el outsourcing, lo que obligó a las empresas que terciaban trabajadores a registrarlos con todos sus derechos.
La inversión pública cayó como nunca porque los recursos fueron empleados para los programas políticos, perdón, sociales de la actual administración.
Es cierto, desde luego, que gobiernos panistas y priistas también lo hicieron en su momento, pero trataron de guardar un equilibrio entre lo que se otorgaba a los más necesitados y el resto de los requerimientos del resto de la administración pública.
No hay más autopistas, ni carreteras, no hay más hospitales; incluso los que se dijo que se terminarían siguen en obra negra, si bien les va.
No se construyeron más escuelas ni más universidades -en serio, porque las del bienestar son un chiste-, ni se creó más infraestructura necesaria para sacar de la pobreza a los millones de mexicanos que viven en esa situación.
Se ha gastado en dádivas que resuelven los problemas cotidianos de millones de personas, pero que no son infinitas y que ya presionan a las finanzas públicas.
Se ha quitado presupuesto a educación, salud, incluso seguridad, para cumplir con los programas sociales.
Tan solo para 2023, el Gobierno deberá endeudarse con 1.2 billones de pesos para cumplir la meta presupuestal de 8.3 billones, porque con la recaudación de impuestos (5.8 billones) y la venta de petróleo (1.3 billones) no le alcanzará.
López Obrador dirá que no dijo lo que todos vimos y oímos que dijo, que se trata de otro ataque de los conservadores, pero su confesión no hizo más que confirmar lo que muchos analistas políticos y económicos sostenían, a la luz de los resultados de su gestión.
Nadie en su sano juicio podría oponerse a que los adultos mayores recibieran esos recursos; el problema es que en 4 años el Gobierno no generó las condiciones para se crearan nuevos puestos de trabajo que financiaran esos programas.
Será -es- un sexenio perdido en materia económica.
LEG