Foto: Cuartoscuro / archivo/ En noviembre de 2021, el TFJA anuló la resolución del 30 de octubre de 2019 con la que la SFP destituyó e inhabilitó a Razo Sánchez.  

Por unanimidad de votos, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) falló a favor de Mauricio Razo Sánchez, extitular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la administración de Rosario Robles y en contra de una impugnación presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En 2019, la SFP destituyó e inhabilitó por cinco años a Razo Sánchez por el caso de desvío de recursos conocido como la estafa maestra, por lo cual el exfuncionario demandó ante el TFJA al titular del área de responsabilidades del Órgano Interno de Control de esa dependencia.

En noviembre de 2021, el TFJA anuló la resolución del 30 de octubre de 2019 con la que la SFP destituyó e inhabilitó a Razo Sánchez.

En esa fecha, la Sala Superior de este órgano jurisdiccional consideró fundados los agravios presentados por el exservidor público, por lo que ordenó a la Función Pública emitir una nueva resolución ajustándose a los resolutivos de la sentencia.

La SFP impugnó ese fallo y hoy, nuevamente por unanimidad, la Sala Superior dio la razón a Razo Sánchez.
Según la ponencia presentada por el magistrado Alfredo Salgado Loyo instó a la autoridad demandada a emitir una nueva resolución.

“(Que sea) derivada de los mismos hechos y del mismo procedimiento administrativo que no podía incrementar la sanción, pues ello atenta con el principio de non reformatio in peius.

“Al no haber prosperado los demás argumentos de la actora, se propone nuevamente declarar la nulidad de la resolución impugnada, dejando a salvo la facultad de la autoridad demandada para dictar una nueva resolución, tomando en cuenta la conclusión alcanzada en la presente sentencia”.

La llamada estafa maestra fue un desvió multimillonario de recursos públicos detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que consistió en la entrega de miles de millones de pesos a universidades públicas para que ellas, a su vez, contrataran a terceras personas para la prestación de servicios que nunca se realizaron.

 

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