La posibilidad de que el Gobierno pueda operar una aerolínea está en duda, debido a la falta de estudios de mercado que avalen la rentabilidad del proyecto, además que de que todavía la Ley de Aviación Civil limita que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puedan operar una línea aérea, acotaron especialistas.
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Proyecciones apuntan a que la aerolínea que estaría a cargo de la empresa Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares “Olmeca-Maya-Mexica”, dirigida por Sedena, y que tiene a su mando el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA), contará con subsidios otorgados por el Gobierno con cargo al erario público.
En ese sentido, la combinación del respaldo de subsidios a una aerolínea estatal, junto con el riesgo de la eliminación de la práctica de cabotaje, que permite a operadores extranjeros volar rutas locales, pone en riesgo a las líneas aéreas nacionales, según los analistas.
Y es que, bajo el argumento de implementar medidas para la recuperación de la Categoría 1 de aviación, a finales de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una serie de modificaciones, entre las que se incluye la eliminación de dichos candados.
Los especialistas han coincidido en que esas acciones tan sólo son un medio para impulsar el AIFA, que no ha logrado despegar como lo había previsto el Gobierno.
Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (INIJA), refirió que la intención de operar una aerolínea es tan sólo una “puntada” presidencial, dado que el presidente no lo incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, como sí lo estuvieron los proyectos de infraestructura como el AIFA, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
El mandatario dijo en octubre pasado que la aerolínea estatal iniciaría operaciones con una flotilla de 10 aviones rentados, incluyendo el avión presidencial, con miras a que la empresa logre su punto de equilibrio o empiece a tener utilidades en poco más de un año.
Aunado a lo anterior, hasta el momento no hay presupuesto destinado para iniciar proyecto.
“Cualquier manejo o desvío de recursos que se haga, que ya de partida están debidamente etiquetadas y asignadas a cada una de las secretarías, que se haga fuera de la normativa, implica sanciones administrativas y penales para el servidor público involucrado”, advirtió Casas Lías.
De la información que hasta el momento ha proporcionado el mandatario, se sabe que la aerolínea brindaría servicio a ciudades donde no hay rutas aéreas.
“Si el presidente está pensando volar rutas que otras aerolíneas no vuelan, está pensando equivocadamente porque no va a descubrir el hilo nuevo cuando la aviación comercial tiene mil años de historia”, externó Casas Elías.
El capitán Ángel Domínguez Catzin, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM), consideró que a la aerolínea estatal le puede suceder lo mismo que al nuevo aeropuerto en Santa Lucía en el que, si bien hay vuelos, líneas comerciales operando, no hay pasajeros.
“No es que el aeropuerto no funcione, el aeropuerto ahí está, ya se inauguró, tiene ciertos vuelos, pero lo que le hace falta a ese aeropuerto es hacer un mercado y los aeropuertos no crecer por decreto”, dijo.
“Creemos que el crear una empresa de aviación, una aerolínea, es un trabajo muy complejo que va mucho más allá solamente de decir que la voluntad es que el pueblo mexicano tenga una aerolínea nueva. Eso, qué bueno, nadie nos estamos negando a que México cuenta con más aerolíneas, que haya muchas aerolíneas, pero siempre y cuando existan reglas claras”, añadió.
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