Experto señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe fungir como contrapeso a la serie de reformas que se han realizado en materia de Guardia Nacional, entre las que se cuenta la del pase de la GN a la Secretaría de Defensa de la Nación (SEDENA), a las que calificó de un fraude a la Constitución.
Esto, debido a que “se trata, nuevamente, de tratar de encubrir una intervención permanente de las Fuerzas Armadas en todo lo que tiene que ver con tareas de seguridad pública”, afirmó Eduardo Rojas, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, este martes durante su participación en la conferencia “Causas y escalas de la militarización”.
Y aunque la Guardia Nacional se concibió como corporación de carácter civil, por su régimen transitorio le da una intervención a las FFAA de manera protagonista, añadió.
Respecto al papel más tajante de la Corte cuando derogó la Ley de Seguridad Interior aprobada en la pasada administración, el activista declaró: “Esperamos que la Suprema Corte haga lo mismo con respecto a las reformas del 9 de septiembre de 2022, las reformas a distintas leyes.
“Tenemos la controversia constitucional que resolvió el pleno de la Corte, recientemente, en diciembre del año pasado y ahí es cuando surgen nuestras preocupaciones de que ya no sea la Corte que fue muy contundente al resolver lo relativo a la Ley de Seguridad Interior”.
Añadió que estas reformas conllevan un conjunto de aspectos “que nos preocupan bastante”. Destacó “la intervención de Sedena, la designación del comandante de la Guardia Nacional, la intervención en la capacitación, promoción, el desarrollo de programas, incluso, de atención al público, y demás aspectos”.
Fue muy tajante al opinar que con este conjunto de acciones “creo que estamos en presencia, nuevamente, de un fraude a la constitución”.
Agregó que con la promesa de que la intervención de las FFAA en la integración de la Guardia Nacional sólo por cinco años y que, posteriormente, se extendió a nueve, “con esta cuestión transitoria” para integrarla a la Sedena “vemos absolutamente todo lo contrario”.
Concluyó al sentenciar: “Por eso preocupa verdaderamente cuál va a ser la intervención del poder judicial como contrapeso en la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Vienen distintos procesos constitucionales, sobre los cuales tendrá la Corte la oportunidad de pronunciarse”.
LDAV