Adrian Trejo

Sea cual fuere la decisión que tome la UNAM sobre el caso de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, la credibilidad de la institución quedará en entredicho.

Por un lado, si finalmente la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario decide, bajo la presión de académicos, investigadores, alumnos y exalumnos, invalidar el título de Esquivel, estará contradiciendo a su abogado general.

El 10 de enero pasado, el abogado de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, envió una opinión al rector Enrique Graue en la que explica que, de acuerdo con la normatividad universitaria vigente, la casa de estudios carece de competencia para retirar, anular o cancelar el título de licenciatura de la ministra.

La explicación técnica es profusa, pero puede resumirse de la siguiente manera: no hay en la normatividad universitaria una ley que faculte a la casa de estudios para sancionar a un exalumno.

Bajo esa condición, el Consejo Universitario no podría anular un título expedido por la UNAM, a menos, claro, que por ahí en la legislación universitaria se encontrará un recoveco legal.

Si la UNAM decidiera que siempre sí puede desconocer el título de la magistrada, ésta podría acudir a los tribunales para defenderse con la misma norma de la casa de estudios.

Si, por el contrario, el Consejo Universitario ratifica que no se puede hacer nada bajo la normatividad vigente, el asunto quedaría en un limbo legal, en perjuicio de la credibilidad y el prestigio de la UNAM.

Bastantes ataques han recibido la UNAM y el rector Graue por la aparente tibieza con la que se actuó, luego de que la FES Aragón determinara que sí hubo plagio de Esquivel.

A lo más que se ha llegado es al despido de la asesora de tesis de la ministra, Martha Rodríguez Ortiz, quien reconoció que, efectivamente, ella mostró el proyecto de tesis de Esquivel a Edgar Ulises Báez, “porque era una forma de interesar a los alumnos’’ a escribir sus tesis.

Pero ni la confesión de la asesora, que ya anunció que se defenderá ante tribunales, sirvió para modificar la sentencia de la FES Aragón, en el sentido de que la tesis original fue la de Báez.

Cualquier decisión que tomen Graue y el Consejo Universitario tendrá sus consecuencias.

La rectoría teme, con justificada razón, que el caso sea utilizado por los grupos afines a Morena para desestabilizar a la casa de estudios, justo en este año en el que deberá elegirse al nuevo rector.

Pero por otro lado están los alumnos, investigadores, docentes y exalumnos que exigen a Graue “defender la honorabilidad’’ de la UNAM y, aunque ahora todo se ha limitado a declaraciones y cartas, no se descarta una movilización en pro del desconocimiento del cuestionado título.

Nadie quisiera estar en los zapatos del rector Graue en estos momentos.

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La fracción de Morena en el Senado realizará el último día de este mes su reunión plenaria para discutir los asuntos pendientes para el periodo de sesiones que inicia en febrero.

Bueno, eso es lo que tendría que hacerse porque en realidad lo que sucederá es una pasarela de corcholatas.
A la sesión están invitados Mario Delgado, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López.

El evento será inaugurado por Ricardo Monreal, a quien muchos comienzan a ver como el Lázaro de Morena.

No habrá secretarios de Estado en esa ocasión, solo corcholatas, lo cual indica claramente las prioridades legislativas para el próximo periodo de sesiones.

LEG