En caso de que las autoridades en Quintana Roo actúen en contra de los operadores de Uber se podría iniciar una nueva serie de amparos, ya que estarán actuando al margen de la ley, además recibir una pena de cinco a diez años de prisión y una multa de cien a mil días, como establece el artículo 267 de la Ley de Amparos.
Además, podría llegar a la destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión, en el caso de servidores públicos.
Por lo que, quienes aborden un vehículo que opere bajo las condiciones de Uber lo hacen apegados a derecho, y en caso de que alguna autoridad contravenga ésto, violaría el derecho de movilidad, ya que no hay una norma que les restrinja.
Gerardo Carrasco Chávez, abogado especialista en litigio estratégico, llamó a separar lo político de lo jurídico, y no caer en las presiones que sindicatos de taxistas efectúan para mantener el control del servicio de transporte en el estado.
“Desde el primer minuto en el que se emitió la sentencia, Uber puede operar libremente en todo el estado”, reiteró en entrevista con 24 HORAS.
Y es que con la determinación de que el servicio de transporte contratado por plataformas digitales no es público, el Tercer Tribunal Colegiado con sede en Cancún abrió las puertas para que desde el 11 de enero pueda operar en todo el estado.
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