Legisladores de oposición prevén presentar este lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Acción de Inconstitucionalidad ante las disposiciones contenidas en el Plan B electoral aprobadas por Morena y sus aliados en el Congreso, y que incluye a Ley General de Comunicación Social, por considerar que las finanzas de todos los medios de comunicación del país se verán comprometidas y que se permite que los gobernantes usen recursos públicos para influir en campañas electorales.
La vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López informó que será este lunes a las 11:00 horas cuando acudan a la Corte a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, tal como lo advirtieron los senadores de oposición (PAN, PRI, PRD, MC), así como algunos del PT y Morena desde el debate para su aprobación, por considerar que existen inconsistencias constitucionales.
La Acción de Inconstitucionalidad que promoverán los diputados federales destaca los elementos que generan injerencia y, por tanto, inequidad en las contiendas electorales; entre ellos: otorgar a los gobernantes una operación política que la Constitución prohíbe en sus artículos 41 y 134, toda vez que “permite que los gobernantes usen recursos públicos a su cargo para influir en las campañas electorales”.
Además, elimina la obligación de los servidores públicos y gobernantes de suspender su propaganda gubernamental durante los procesos electorales. Y reinterpreta el concepto de propaganda gubernamental, enmarcándola como derecho a la libertad de expresión, permitiendo así que los mandatarios emitan opiniones y comentarios relativos a procesos electorales en curso.
Entre las reformas publicadas el 27 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se establece que “el límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1% del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente”; lo que a decir de los argumentos jurídicos de la Acción “compromete las finanzas de todos los medios de comunicación del país (diarios, radiodifusoras, televisoras, etc.), al disminuir de manera considerable sus ingresos derivados de la publicidad oficial”.
Al respecto, el presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta, dijo que a pesar de las nuevas disposiciones, los estados y municipios pueden disponer libremente de los recursos que ellos mismos generen y que está mandatado en el artículo 115 numeral IV de la Constitución mexicana.
“Todos los recursos propios que genere el municipio como el predial y las participaciones municipales y federales son de libre manejo hacendario, en esto consiste la autonomía. Con fundamento, los municipios pueden otorgar más recursos a campañas de publicidad, y tiene que haber prioridad social por lo que se pueden hacer campañas dirigidas a temas de salud, seguridad, educación, contra el narcomenudeo, contra las adicciones”, declaró a 24 HORAS.
Sobre el tema, la organización Artículo 19, ha señalado que las reformas no cumplen con los más altos estándares en libertad de expresión, acceso a la información y publicidad oficial, como es el caso de los Principios sobre Regulación de la Publicidad Oficial y Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además, refiere que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023 el recurso es de 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos, por lo que el tope de publicidad sería de 8 mil 299 millones.
Antecedente
El 6 de diciembre pasado, la Cámara de Diputados recibió dos paquetes de iniciativas como parte del llamado plan B del Presidente de la República en materia electoral.
Uno reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y propuso la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El segundo paquete de iniciativas reformó, adicionó y derogó diversos artículos de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ningún diputado de la oposición, mucho menos del bloque oficialista, pudo revisar a detalle los paquetes de reformas recibidos esa noche de diciembre.
“A las 10:12 pm se subió una iniciativa. ¡A las 10:12 pm! Y hoy nos vienen a entregar los cambios a esa misma iniciativa, 300 páginas ¿que quién leyó?, ¿que quién revisó?, que no pasó por parlamentos abiertos, que no pasó por comisiones”, alegó en su momento Salomón Chetorivski, diputado de MC, desde la Tribuna de San Lázaro.
Apenas unas horas antes, la reforma electoral enviada por López Obrador había sido desechada por la oposición al no lograr la mayoría calificada.
Por ello, fue imposible reparar que en el articulado de la Ley General de Comunicación Social se establecía que el límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social no debía rebasar 0.1% del Presupuesto de Egresos Anual de la Federación y los estados.
FRASE
“Como base de la autonomía municipal artículo 115 constitucional está el manejo de su Hacienda, hay recursos propios, los municipios pueden manejar los recursos propios con base en su Ley de Ingresos”
Alejandro Armenta
Presidente del Senado
Gasto federal
Esto ha destina anualmente el Gobierno federal en publicidad y comunicación social:
2018
$6,373
2019
$3,705
2020
$2,483
2021
$2,459
Top de medios
2019-2021
Televisa
$933
Estudios Azteca
$848
La Jornada
$771
Medios Masivos de Comunicación (varios periódicos)
$521
Grupo Fórmula
$322
Cifras en millones de pesos
Fuentes: Informes sobre la Ejecución de los Programas y las Campañas de Comunicación Social del Gobierno de la República, Fundar y Artículo 19
LEG