Los diputados federales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron este miércoles a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidad Administrativa, por el atropello a principios y disposiciones constitucionales.
Los legisladores que integran la coalición opositora Va por México consideraron que el llamado plan B de la reforma electoral viola el federalismo y la libertad hacendaria, al impedir que estados y municipios decidan sobre su presupuesto en la materia.
Te puede interesar: Profesor agrede a alumno en EU tras insulto racial; es despedido
Además, advirtieron de la falta a la equidad en procesos electorales, pues se permite a servidores públicos pronunciarse en favor de candidatos, y atenta contra la transparencia en la rendición de cuentas, ya vez que ahora los servidores públicos podrán presentar en el momento que decidan sus informes, incluido durante un proceso electoral.
El líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, afirmó a través de un comunicado que en dicha reforma se exhiben violaciones al proceso legislativo y no se respetan los principios democráticos que deben regir el debate parlamentario.
Agregó que durante el proceso legislativo para su aprobación se impidió que las distintas fuerzas políticas estuvieran en posibilidad de analizar y debatir sobre la iniciativa con verdadero conocimiento de su contenido y alcance.
El legislador priista también refirió que es inconstitucional que se eliminen las restricciones a la difusión de propaganda por parte de los servidores públicos y al ejercicio del gasto público y difusión de contenidos gubernamentales.
Te puede interesar: A puñaladas mujer asesina a su esposo; ambos ingerían bebidas alcohólicas
Por su parte, el coordinador del PAN, Jorge Romero, apuntó que presentaron la acción de inconstitucionalidad porque están “a favor de la defensa a nuestras instituciones democráticas que tantos años nos ha costado construir y en contra del autoritarismo del presidente y funcionarios de su partido que con sus intervenciones ilegales realizan actos simulados de comunicación”.
El líder de los diputados perredistas, Luis Espinosa Cházaro, reiteró lo delicado que resulta para el país el hecho de que el oficialismo violara el proceso legislativo, mediante una aprobación “fast track”, y con miras hacia una elección de Estado que puede derivar en un conflicto postelectoral.
Pidió a la SCJN dé trámite a la mayor brevedad a estas acciones de inconstitucionalidad porque consideró indispensable contar con el fallo antes de que inicie el proceso electoral 2024.
“Tendríamos de aquí al verano de este mismo año 2023 para que quede resuelto y garantizar un andamiaje jurídico e institucional acorde a los requerimientos de un proceso complejo como el que viene en 2024. Es decir, un fallo que garantice que contaremos con una elección equitativa, confiable y libre de dudas para las y los mexicanos”, advirtió.