En una famosa película estadounidense, un hombre sufre el asesinato de su hija y esposa durante un asalto a su casa.

Los delincuentes son detenidos y toca a un fiscal sostener las acusaciones ante un jurado.

Durante el juicio, el fiscal llega a un acuerdo con la defensa de los delincuentes y estos reciben una pena menor a la que merecían, generando la ira del afectado -y de los espectadores-.

– ¿Por qué pactaste con ellos si todos sabemos que son culpables? -, recrimina la víctima al fiscal.

-Porque en el juicio, ante un jurado, no es importante lo que sabes, sino lo que puedes probar-, responde.

Si tal precepto se aplica a las declaraciones del narcotraficante confeso, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande’, en contra de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón debe estar tranquilo.

Esto no es una defensa de García Luna, cuyas sospechas de relaciones con organizaciones del crimen organizado eran un secreto a voces.

Pero hasta ayer, el quinto día del juicio en su contra, El Grande solo ha podido aportar declaraciones de hechos que dice haber presenciado, pero ninguna prueba sólida -una foto, un video, una cuenta bancaria, etcétera-, más que su testimonio.

Por supuesto que sus declaraciones son escandalosas; desde la recepción de millones de dólares a cambio de dejar pasar al Cártel de Sinaloa hasta el secuestro de quien se suponía el hombre más informado y protegido en el país, después del Presidente de la República, a manos de un narco rival.

Para la sociedad estadounidense y la mexicana, García Luna es culpable antes de que concluya el juicio en el que se espera que testigos posteriores presenten pruebas que no dejen lugar a dudas sobre su culpabilidad y responsabilidad en la extensión del dominio de un grupo delincuencial en el país.

Faltan aún las pruebas reinas del juicio, que son las presuntas llamadas grabadas y el seguimiento de los recursos del exsúper secretario de parte de la DEA, el Departamento del Tesoro y el FBI.

Pero lo más importante para el país, falta que los testigos digan los nombres de los funcionarios o exfuncionarios beneficiados por la -hasta ahora presunta- sociedad entre el cártel sinaloense y García Luna.

No es lo que se sabe, sino lo que se puede probar.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por mayoría un artículo transitorio del Registro Nacional de Detenciones (RND) que exime a las fuerzas armadas de informar a la Secretaría de Seguridad Pública sobre la captura de delincuentes o presuntos delincuentes.

La Corte determinó que las Fuerzas Armadas tienen la obligación de registrar directamente los nombres de detenidos ante el RND cuando realicen tareas de apoyo a la seguridad pública.

Hasta ahí todo parece bien.

Pero ¿quién garantiza que dichas eventuales detenciones se registren inmediatamente ante el RND?

¿No fueron las detenciones realizadas por militares y no reportadas a las autoridades civiles, en los años setenta, lo que movilizó a la izquierda mexicana?

Está claro que la izquierda de entonces es sustancialmente diferente a la izquierda que gobierna al país.

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Empresarios metidos a la política, de diversos estados, también “espontáneamente’’ subieron a sus redes sociales un saludo de apoyo a Adán Augusto López, con el mismo slogan: “estamos Agusto’’.

Una de dos: o el secretario de Gobernación hace como que no le gusta o simplemente su llamado a que dejen de promoverlo tiene la misma fuerza que su candidatura.

Un caso para el INE.

LEG