El Instituto Nacional Electoral (INE) ingresó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Plan B de la reforma electoral, impulsada por la Cuarta Transformación.
El organismo electoral pidió a la Corte la suspensión de la entrada en vigor de los cambios a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en tanto se decide de fondo sobre la constitucionalidad de las normas.
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La porción impugnada tiene que ver con la propaganda gubernamental, pues permite a funcionarios que realicen posicionamientos durante elecciones, con el argumento de garantizar la libertad de expresión, pero que, según el INE, vulnera los principios de neutralidad en comicios y no intervención de servidores públicos.
Esa parte del Plan B también ha sido controvertida por los partidos de oposición: PAN, PRI, PRD, MC, así como por varios ayuntamientos, como el de Monclova.
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El resto del Plan B todavía se encuentra pendiente de aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, en este se completa una reestructura administrativa del INE, con el que el Gobierno federal asegura que se ahorrarían al menos 5 mil millones de pesos, mientras que el consejero presidente Lorenzo Córdova manifestó que se “descuartiza” al Instituto Nacional Electoral e implicaría recortar al 85% de la plantilla operativa del organismo.
LDAV
