El expresidente Felipe Calderón fue echado a los leones por el testimonio del exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, quien declaró que el exgobernador del estado, Ney González, “le dijo’’ que el michoacano “le había dicho’’ que la línea era apoyar al “Chapo Guzmán’’.

Quién sabe qué valor le conceda el jurado a la declaración de este delincuente confeso, pero, de entrada, a la 4T le cae como anillo al dedo.

La declaración de Veytia refuerza la narrativa oficial, aunque ésta se contradiga, pues por una parte se trata de fijar en el colectivo la idea de un acuerdo y por la otra se culpa al expresidente de haber iniciado una guerra contra la delincuencia organizada “sin ton ni son, cuyas consecuencias hoy sigue pagando el país’’.

La última línea del párrafo anterior es una declaración recurrente del Gobierno cada vez que se le cuestiona el incremento de la delincuencia organizada.

“Es culpa de Calderón’’, irremediablemente.

Y si el expresidente tiene alguna responsabilidad, no será por pactar con la delincuencia, sino por no haber descubierto a tiempo las amistades que supuestamente tenía su secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

¿Calderón miró hacia otro lado mientras García Luna se enriquecía?

Tendría que hacerse un análisis serio de los golpes que la administración calderonista dio al Cártel de Sinaloa y compararlo con los golpes a otros cárteles.

La tarea requiere de meses de análisis.

Calderón ha sido el villano favorito de López Obrador; ni siquiera Peña Nieto, en cuyo sexenio, según el propio Presidente, se dio el mayor saqueo de la historia del país, ha merecido una mención en su homilía mañanera.

Todos los expresidentes son responsables, en parte, de lo que pasa en el país, bueno o malo.

Calderón no es la excepción, como tampoco lo será en su momento López Obrador.

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Los videos de la gente cercana a la hoy gobernadora Layda Sansores, recibiendo fajos de billetes, ratifican lo denunciado en su momento por la revista Proceso.

Ni modo que lo niegue, con la evidencia de los videos en los que se ve a Armando Toledo Jamit, su actual jefe de oficina, al exsenador priista Raúl Pozos Lanz, convertido a la fe morenista y actual secretario de Educación, y a la senadora Rocío Abreu Artiñano.

Si fueron aportaciones al movimiento, como en su momento justificó el presidente López Obrador el dinero que sus hermanos Pío y Martín recibieron en sobres, esta vez el problema es que la entrega de los recursos -millonarios por lo que se ve- se hizo en una oficina de Gobierno.

Las “aportaciones’’, según los videos ampliamente difundidos, fueron realizados durante la gestión del hoy embajador de México en República Dominicana, Carlos Miguel Aysa González.

Si, pero el PRI robó más, saldrán a decir los defensores de la campechana.

Puede ser, pero durante su campaña y en lo que va de su administración no se ha cansado de repetir “que no son iguales’’.

Y ya ve.

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La red de promotores de la candidatura presidencial de Marcelo Ebrard abarca casi todo el territorio nacional y ha comenzado a moverse con mayor visibilidad.

El fin de semana se llevaron a cabo, de manera simultánea en los 16 municipios más importantes de Puebla, ruedas de prensa para presentar a los liderazgos y expresiones del movimiento civil a favor de Ebrard.

La instrucción es que se difunda ampliamente la trayectoria del canciller como funcionario y servidor público de México y su petición para que en la elección del candidato presidencial de Morena haya piso parejo.

A ver.

LEG