Por considerar que representa un agravio y perjudica el cumplimiento de sus facultades y funciones en materia de transparencia, legalidad y conexión con la ciudadanía, el Gobierno de Toluca, Estado de México, presentó una Controversia Constitucional en contra de la reforma a la Ley de Comunicación Social, contenida en el llamado Plan B electoral, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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En los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento mexiquense se considera que el Congreso de la Unión, desde una Ley General, pretende invadir las atribuciones de autonomía hacendaria municipal que otorga la Constitución a los municipios, al prohibirles la máxima publicidad de las políticas públicas.
“Para Toluca el derecho a la información es clave en la conformación de una cultura de transparencia de acceso a la información y participación ciudadana, es el derecho de conocer activa o pasivamente las ideas, opiniones, hechos o datos que se producen en la sociedad y que permiten formarse una opinión, lo cual está sujeto a diversos principios de legalidad”, señaló el municipio a través de un comunicado.
Ante ello, consideraron que restringir las campañas de difusión, como lo pretende la Ley General en estudio constitucional, “supone realizar un acto privativo violentando así la naturaleza autónoma de los municipios”.
El gobierno de Raymundo Martínez Carbajal señala que si los ciudadanos no pueden conocer las acciones que están llevando a cabo o los servicios que prestan “se genera un perjuicio en la forma en cómo ejerce sus funciones, las cuales son su razón de ser; de igual forma, la garantía de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales por parte del Municipio queda también en entredicho, y la ciudadanía puede sufrir un detrimento irreparable”.
Antecedentes
En días pasados, el Instituto Nacional Electoral (INE) ingresó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Plan B de la reforma electoral, impulsada por la Cuarta Transformación, la cual se suma a otras interpuestas por institutos políticos y legisladores.
El organismo electoral pidió a la Corte la suspensión de la entrada en vigor de los cambios a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en tanto se decide de fondo sobre la constitucionalidad de las normas.
La porción impugnada incluye los cambios en cuanto a la propaganda gubernamental, pues permite a funcionarios que realicen posicionamientos durante elecciones, con el argumento de garantizar la libertad de expresión, pero que, según el INE, vulnera los principios de neutralidad en comicios y no intervención de servidores públicos.
Esa parte del Plan B también ha sido controvertida por los partidos PAN, PRI, PRD, MC, así como por varios ayuntamientos, como el de Monclova, y las bancadas opositoras en la Cámara de Diputados y el Senado.
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