Es incierto aún el término de la refinería de Dos Bocas y, pese al optimismo oficial, también es incierta la fecha en la que por fin saldrá un barril de petróleo de esa obra emblemática de la 4T.
Lo que también es incierto -al menos para millones de mexicanos-, es cómo se han otorgado contratos para la obra, pues la mayoría han sido asignaciones directas, algunas plagadas de sospechas.
Ya sabe cómo somos los mexicanos.
Por ejemplo, el pasado mes de diciembre, antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, el diputado panista Héctor Saúl Téllez presentó un punto de acuerdo por el cual se solicitó a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, informar sobre la contratación de MEPI en Dos Bocas, aún cuando dicha empresa tenía menos de dos años de haberse constituido legalmente.
Además de contradecir los criterios de “experiencia’’ que exige la dependencia, MEPI forma parte de un conglomerado encabezado por el empresario hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, investigado en el 2017 por huachicol.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/HGO/TULA/0000397/2017, iniciada el 10 de marzo de ese año, policías que realizaban un recorrido de vigilancia en el parque industrial de Atitalaquia, en Tula, descubrieron una manguera que iba de un ducto de Pemex a la empresa Construcciones Industriales Tapia (CITAPIA).
No se conoce cuál fue el resultado de la investigación, que por lo visto no fue una sanción, porque la empresa del hidalguense siguió operando y creciendo.
En 2019, la filial de PEMEX, PTI Infraestructura de Desarrollo, adjudicó el contrato PTI-ID-S-007/2019 para el paquete 6 de la Refinería de Dos Bocas, por un monto de 78.4 millones de dólares, a la empresa Mexicana de Recipientes a Presión, Tapia y sus socios Gilberto Tapia, Selene Martínez Abarca y Carlos Morín Montes.
En el 2020, Mexicana de Recipientes a Presión cambió de nombre a Procesos Especializados y Proyectos, S. A. (PROESA), la cual tiene la mayoría de las acciones de Manufactura Especial y Proyectos Industriales (MEPI).
La empresa tiene participación también en la construcción de la refinería Olmeca, lo cual no tendría nada de extraordinario si se transparentara la forma en la que fueron asignados los contratos.
Porque ellos “no son iguales’’.
¿O sí?
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Morena sigue haciendo agua en Coahuila.
No solo por la división generada por la “rebeldía’’ del exsubsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, sino por la incorporación de expriistas redimidos por la 4T que se han incorporado a la campaña del candidato oficial de Morena Armando Guadiana Tijerina.
Tal incorporación generó que el coordinador de la campaña de Guadiana, un expanista también redimido por la 4T, Luis Fernando Salazar, renunciara al cargo.
Al menos eso fue lo que dijo para justificar su decisión.
Como sea, las encuestas demuestran que Mejía Berdeja le quitará a Morena unos 10 puntos de la votación, lo cual hace casi imposible que Guadiana sea el próximo gobernador del estado.
Ni hablar.
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El muy iluminado diputado Miguel Torruco, propuso una reforma para que los jóvenes de 16 años puedan votar en la elección del 2024.
Muy bien.
Seguramente el ocurrente legislador sabe que una reforma de este tipo provocaría otras más para que se redujera la edad penal de los adolescentes, tema que ha sido vetado en el Congreso pese a las evidencias contundentes de que cada vez a menor edad los casi niños cometen delitos de alto impacto como homicidios.
Si van a tener el derecho de votar, ¿por qué no la obligación de hacerse responsables de sus actos a esa edad?
LEG