Al menos dos iniciativas de diputados de Acción Nacional y Morena buscan reformar la Constitución, el Código de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Delincuencia Organizada para eliminar la figura de arraigo pues va en detrimento de los derechos humanos.
Este jueves, la diputada Aleida Alavez (Morena) presentó su propuesta para suprimir la reforma de 2008 con el objeto de implementar el entonces llamado nuevo sistema procesal penal acusatorio.
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Sin embargo, dijo que no se estableció un procedimiento para escuchar a la persona arraigada, sino solo para decretarlo y enfatizó en que los medios para enfrentar a la delincuencia y criminalidad organizada, las autoridades no pueden vulnerar derechos humanos.
“La figura de arraigo siempre ha sido sumamente cuestionada, pues su materialización implica que sobre quien se decrete, deba padecer los efectos de una pena de privación de libertad anticipada.
“Por estas razones y otras más, la Corte Interamericana de Derechos de Derechos Humanos (…) obligó al Estado mexicano a dejar sin efecto en su ordenamiento jurídico la normatividad relacionada con el arraigo, como medida de naturaleza procesal restrictiva de la libertad para fines investigados”, indicó la morenista.
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Aprovechó la presentación de la iniciativa para señalar que el arraigo “ha sido una herramienta no solo fallida de gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, sino utilizada para fines oscuros”.
Sin embargo, la misma iniciativa la presentó semanas atrás el diputado Mario Riestra Piña (PAN) por las mismas razones y en cumplimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Esta figura atenta contra la presunción de inocencia y vulnera los derechos humanos al restringir la libertad personal e incluso, diversos especialistas en la materia consideran que compromete el estado de derecho, que va en contra de las garantías que otorga nuestra Carta Magna, así como que vulnera los tratados internacionales”, puntualizó el panista en fundamentación de su propuesta.
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Explicó que el arraigo es incompatible con los derechos humanos e incluso contrario a lo establecido en los artículos 7o. y 8o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 9o. del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Riestra Piña expuso que el arraigo atenta contra la presunción de inocencia, la seguridad jurídica, el derecho de audiencia, el debido proceso, y la libertad de la persona.