El Comité encargado de seleccionar a los candidatos a consejeros electorales está conformado claramente por simpatizantes de Morena, lo que desde ahora puede interpretarse como el “Plan C’’ del partido del Gobierno en el caso de que su Plan B sea desechado por la Corte.

Hasta antes de que el Presidente decidiera modificar las leyes secundarias para evitar el fracaso de una eventual reforma constitucional en materia electoral, en Morena se había perfilado la idea de dejar vacantes los cuatro lugares que habrá en el INE a partir del 4 de abril, entre ellos el de la presidencia del Instituto.

Limitar la operación del INE con 7 de los 11 consejeros electorales no parecía ser suficiente, a consideración del Ejecutivo, que ordenó a Horacio Duarte, entonces director de Aduanas y al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, redactar las reformas a las leyes secundarias en materia electoral.
Lo que ahora se conoce como Plan B.

Ayer, la Junta de Coordinación Política, que preside Morena, se agandalló los tres lugares que le correspondían a la Cámara de Diputados, los cuales sumados a los propuestos por la -dizque- Comisión Nacional de Derechos Humanos, completan la alineación de la 4T.

No se les puede competir en su cancha, desde luego, a menos que la oposición logre una negociación no para obtener el bien mayor, sino para evitar el mal mayor.

Se desconoce hasta el momento el número de suspirantes a ocupar una de las cuatro vacantes que habrá en el INE a partir del 4 de abril, entre ellas la del presidente, pero no será una sorpresa que los perfiles que se elijan sean también simpatizantes -o de plano militantes- del partido del Gobierno.

Total, si al final los cargos se rifarán, ¿por qué no incluir a los cuates como Plan C si el Plan B es desechado por la Corte?

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A ver, a ver, ¿cómo está eso que la juez que concedió un amparo a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, presentado para impugnar los Comités de Ética de la UNAM, también quiere que se aplique una mordaza a la casa de estudios?

Como sabrá, Esquivel solicitó un amparo en contra de la integración de los Comités de Ética de la UNAM, creados en 2019, uno de los cuáles analiza el supuesto plagio de tesis atribuido a la propia ministra.

Pero además, la juez Sandra de Jesús Zúñiga, que concedió la medida cautelar, ordenó “a las autoridades -en este caso la UNAM- se abstengan de emitir comunicados o conferencias de prensa en las que se divulgue información del caso’’.

Es decir, la juez quiere ponerle un bozal a la UNAM.

¿Será que se pueda?

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El jurado que decidirá la suerte del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no llegó a ninguna conclusión en su primer día de deliberaciones.

Estas no son públicas, por lo que no se puede saber cuáles fueron los motivos por los que no hubo acuerdo entre los miembros del jurado.

Es temprano aún para esperar un veredicto, pero algo debe significar que, pese a todos los testimonios en contra de García Luna, las señaladas acusaciones de corrupción y de haber favorecido al cártel de Sinaloa, los jurados hayan decidido tomarse su tiempo.

Porque al final de cuentas no solo se está juzgando a un exfuncionario, sino a todo el sistema político de un país que permite ese tipo de acuerdos entre autoridades y criminales.

LEG