A dos semanas de la liberación de 222 presos políticos por el gobierno de Nicaragua y su inmediata deportación a los Estados Unidos, la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adriana Díaz Contreras, consideró graves las múltiples violaciones a los Derechos Humanos en aquel país.
Consideró que el hecho de que el presidente López Obrador no se haya pronunciado sobre el tema “es sintomático de su actitud protectora de gobiernos autoritarios y violadores de derechos humanos. Ojalá aprenda del joven presidente chileno, Gabriel Boric, quien tuvo el valor de llamar las cosas por su nombre y señalar que “en Nicaragua gobierna un dictador”, apuntó.
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La líder perredista criticó que el gobierno nicaragüense haya usado las instituciones para acusar de traidores a la patria a líderes sociales, eclesiásticos, y políticos; y maniobrado para que los condenaran por injustos delitos.
Ante ello, pidió a la comunidad internacional actúe con rapidez para frenar el maltrato que viven los presos en los reclusorios de Nicaragua, que impida el destierro y despojo de sus propiedades y la pérdida de la nacionalidad de los presos deportados.
Además hizo un llamado a la comunidad mexicana a pronunciarse por la reinstalación de la ley y la justicia en el país centroamericano; así como por la defensa de los derechos políticos, para que nunca una protesta o crítica al gobierno conlleve la persecución y el encierro político.
Señaló que los deportados recibieron condenas injustas y que durante años padecieron tratos inhumanos en los reclusorios, acusados por cometer actos contra la soberanía, terrorismo y desestabilización económica.
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“Sabemos del sufrimiento de los presos y perseguidos políticos, y exigimos que el actual gobierno federal salga de su calculado silencio y emita un comunicado diplomático en el que condene la violación de los derechos humanos, ofrezca asilo político y llame al gobierno de Daniel Ortega a reinstaurar el Estado de derecho y las libertades políticas en Nicaragua”, exigió.
Recordó que en el PRD han militado mujeres y hombres perseguidos durante los años de “la guerra sucia”, del movimiento de 1968 y del fraude electoral de 1988. Y recordó que existe una larga historia de lucha por la defensa de la libertad de expresión, asociación y prensa que lamentablemente cobró la vida a más de 750 activistas por los derechos sociales y políticos en México. Y afirmó que “esto no se debe repetir en ningún país”, declaró.
EAM