La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las impugnaciones contra la primera parte del Plan B de la reforma electoral y suspendió su aplicación en los comicios del Estado de México y Coahuila; mientras, el Gobierno federal anunció que impugnará la medida cautelar.
Mientras tanto, hoy en el Senado se prevé la aprobación del segundo paquete de reformas del Plan B, ya sin la parte de vida eterna de los partidos.
De acuerdo con un comunicado de la Corte, las acciones de inconstitucionalidad fueron admitidas por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien deberá analizarlas y proponer un proyecto de sentencia sobre los cambios al sistema electoral, que entraron en vigencia en diciembre pasado.
Se trata de las acciones promovidas por PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como diversos Diputados y Senadores integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión contra el decreto por el que se reformaron las leyes de General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Además, el ministro concedió la suspensión para que ninguna de las disposiciones se aplique en las elecciones para renovar las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, debido a que se promulgó en un plazo de veda electoral y su “aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en este”.
Para resolver las impugnaciones se cuenta con un plazo límite de finales de mayo para que se decida si las nuevas regulaciones, relacionadas con propaganda electoral, estarán vigentes en la elección presidencial de 2024.
Sobre la parte medular del Plan B, el Instituto Nacional Electoral ha señalado que recorta más de 6 mil empleados, involucrados en la organización de elecciones, por lo que también se ha anunciado que promoverá acciones de inconstitucionalidad.
Por su parte, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República calificó como arbitraria e ilegal la suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Federación contra la aplicación del Plan B de la reforma electoral.
En un comunicado, señaló que “la SCJN no ha notificado al Ejecutivo federal una comunicación oficial que confirme, precise o desmienta dicha aseveración de los medios”.
Para la Consejería, “sería inusitado que el ministro Alberto Pérez Dayán hubiera emitido un acuerdo de dicha naturaleza, pues con la suspensión, total o parcial, se contravendría la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional”.
La dependencia señaló que podría “promover los medios de impugnación que establece la ley reglamentaria comentada más arriba, para revertir los efectos de esta determinación arbitraria e ilegal”.
LEG