El decreto en materia electoral conocido como plan B no plantea cambios irracionales atentatorios de la Constitución o de los derechos políticos de la ciudadanía, aseveró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En un posicionamiento que hizo público este viernes, el organismo autónomo aseguró que en el decreto por el que se modifican la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral no se puede presumir que se comprometerá el debido ejercicio de las funciones electorales, “pues la afirmación de que así será se basa en especulaciones y no en contrastes directos, objetivos y abstractos con la Constitución Federal”.
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Expuso que el decreto no trastoca la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) porque, interpretó la CNDH, “no hay ninguna disposición constitucional expresa que determine cómo deben estructurarse y organizarse los institutos electorales”.
“Es cierto que la Constitución es muy clara en cuanto a que son autónomos, las atribuciones conferidas y, en general, la naturaleza de sus actos, pero no mandata estrictamente cuáles serán los órganos con los que deben contar”, consideró el organismo.
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Por ello, abundó, el Congreso de la Unión tiene libertad de configuración legislativa para decidir cómo se va a organizar al INE, es decir, las reglas para la organización y funcionamiento de sus órganos.
La CNDH añadió que los organismos electorales históricamente sólo han servido para mantener vicios que por años han manchado los procesos electorales.
“Incluido el actual, y basta recordar algunas de sus posiciones que han puesto en duda su neutralidad. Por ello, es importante recordar que esos institutos también ejecutan gasto público, por lo que, conforme a la Norma Fundamental, están obligados a observar el principio de austeridad”, indicó.
La comisión sostuvo que la reforma a diversas leyes en materia electoral propone cambios relevantes vinculados con la estructura del INE con el objeto de adecuarlo a los nuevos tiempos, así como en las reglas que regularán su organización, funcionamiento y control.
Además, indicó, introduce nuevas reglas relativas a los procesos electorales en el país y “no menos importante, se plantean modificaciones respecto del financiamiento de partidos políticos y su auto organización, y se prevén algunos cambios en la estructura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en los medios de impugnación en la materia”.
LDAV