Por presuntamente negarse a cumplir con la orden de un Juzgado de devolver o pagar el costo de 91.5 hectáreas utilizados para obras relacionadas con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), este viernes se presentó una denuncia penal contra el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) federal, Román Meyer.
Dicha denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un grupo de abogados en nombre de los herederos de Raúl Romero Zenizo, quienes reclaman la devolución de los terrenos, que tendrían un valor de aproximadamente mil 200 millones de pesos.
Y es que, de acuerdo a los litigantes, se trata de dos superficies de 902 mil 81 metros cuadras y 12 mil 886, respectivamente, que no pasaron por un proceso de expropiación, por lo que tampoco se registró una indemnización a los dueños y, ahora, a sus herederos.
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La historia comenzó en 1960, cuando la Sedatu declaró que dichas propiedades privadas eran propiedad de la nación, siendo cedidos a la Secretaría de la Defensa Nacional en abril de 2019, para formar parte del AIFA.
Sin embargo, según los abogados, el 23 de julio de 2021, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dictó una sentencia definitiva a favor de los quejosos, la cual fue ratificada el 26 de mayo de 2022 por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la CDMX.
Para el 15 de junio de 2022, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa orden{o a la Sedatu dar cumplimiento en un plazo de 10 días a la devolución de los terrenos o al pago de una indemnización, lo cual no se ha cumplido.
Y es que de acuerdo a la denuncia, en poder de 24 HORAS, en diversas ocasiones la Sedatu ha manifestado la intención de cumplir con la orden del Juzgado, sin que esto se concrete ni se detengan las obras relacionadas con estos terrenos, principalmente de conexión al AIFA1.
Por esta razón, los abogados de los herederos de Romero Zenizo presentaron la denuncia en contra del titular de la Sedatu este viernes, al ser el máximo responsable de la dependencia, la cual también abarca a la subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, y a la directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Dulce María Rodríguez Cervantes.
“En este caso ya se conminó en tres ocasiones a que cumplan y no han cumplido, lo que conlleva a un delito de las autoridades. Es indiscutible que esto lo va a manejar el fiscal General de la República (Alejandro Gertz Manero), esperemos que le de cabal cumplimiento al a la legalidad”, señaló el abogado Antonio López Mendoza.
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Según explicó, la cuestión de fondo es que la Sedatu realizó un decreto para convertir dichos terrenos privados en propiedad de la nación, pero sin llevar a cabo el proceso de expropiación que marcan las leyes mexicanas.
“Por esa razón, el juez de amparo advierte que legalmente bajo ese decreto, totalmente doloso y de mala fe, se llevaron a cabo el despojo de esas tierras a los titulares con escrituras públicas, entonces resolvió en definitiva, ya no hay forma de cómo revertir la sentencia de amparo y por lo tanto lo deben de cumplir”, sentenció el litigante.
Al respecto, Rafael Ayala, otro de los abogados, aseguró dijo que el avalúo determinó en mil 200 millones de pesos el valor de esos terrenos.
Finalmente, los abogados hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que ordene a la Sedatu cumplir con la sentencia.
EAM