Concluyó el proceso legislativo para aprobar el Plan B en materia electoral propuesto por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y ahora será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la encargada de revisar y señalar si los cambios a los más de 400 artículos de seis leyes son, o no, constitucionales.

Pese a las críticas y a los llamados de los políticos oficialistas para no salir a manifestarse, ayer la sociedad civil realizó un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México y en diversas ciudades del país para expresar a ocho de los 11 ministros su apoyo y confianza en que analizarán objetivamente y sin presiones externas las acciones y controversias constitucionales que serán interpuestas por la oposición y los entes afectados.

“¿Cuál puta democracia?” Diría la senadora de Morena Lucía Trasviña, al cuestionar la defensa de la oposición al Instituto Nacional Electoral (INE) y advertir que acudirán a la Suprema Corte a impugnar las reformas.

Cómo que cuál, la misma democracia que llevó a López Obrador a ser Presidente y a los senadores de Morena a tener un escaño y a sus 21 gobernadores a estar al frente de su estado.

Esa democracia que ha permitido, a pesar de la división generada desde Palacio Nacional, tener elecciones con votos bien contados, con personal capacitado, que respeta la voluntad de los ciudadanos.

¿Por qué le pesa a los oficialistas que los ciudadanos defiendan la democracia? Porque después de tener el poder quieren perpetuarse en él y convertirse en lo mismo que fue el PRI hace años, un partido hegemónico.

Con los cambios a las leyes, lo que se tendrá es inequidad en la contienda, porque mientras se reduce drásticamente el presupuesto para publicidad en medios de comunicación, se permite que cualquier servidor público, desde el Presidente de la República hasta los regidores, pasando por los gobernadores, puedan intervenir en la contienda apoyando a sus candidatos sin que exista sanción alguna.

Además, despedirán a cerca de seis mil trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), exacto, aquellos que tienen una carrera electoral y que han organizado, con éxito, cientos de elecciones, los que supervisan las casillas, capacitan, y se arriesgan a todo, incluso a agresiones, por la democracia.

Queda claro que todas las leyes son perfectibles, pero acabar de golpe, con las conquistas que llevaron años consumar, con las reglas claras, con la equidad, con las sanciones, que costaron marchas y una lucha de los ciudadanos, es criminal.

Una de las consecuencias de no tener reglas claras, es la violencia, por eso: la Democracia sí se defiende.

Y en Pregunta Sin Ofensa:

Y hablando de reglas claras, ¿usted dejaría que la persona encargada de revisar su situación judicial haya plagiado no una, sino dos de sus tesis y aún así pueda seguir juzgando como si nada pasara?

 

    @aguilarkarina