El presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Santiago Creel (PAN), afirmó que el segundo paquete de reformas en materia electoral, conocido como Plan B, tenía errores de técnica constitucional de parte del Senado, que ya fueron corregidas y el documento fue firmado por él esta mañana.
“Seguramente fueron errores involuntarios, pero fueron errores (…) No solamente quitaron la cláusula de la vida eterna, sino se llevaron varios párrafos adicionales que esta Cámara no había suprimido y como ya era el final del proceso legislativo (…) entonces nos quedamos con una serie de párrafos que modifica el Senado, pero que ya no se pueden volver a discutir en la Cámara de Diputados porque el proceso de la Cámara de Diputados está cerrado”, explicó Creel.
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Agregó que la semana pasada dio aviso al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del error y éste contestó que ameritaba una reunión de los coordinadores parlamentarios con el presidente de la mesa directiva porque modificaron algo que ya no podían modificar.
“Lo que ellos tenían qué hacer, para para ponerlo muy gráfico, ellos nada más tenían que eliminar la cláusula de la vida eterna y nos elimina todo lo demás, entonces, como ya no se puede volver a discutir, sino hasta el siguiente periodo, nos quedamos sin esta parte”, expuso.
Más temprano, el coordinador de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal (Morena), informó que Creel, al no firmar el oficio para enviarlo al Ejecutivo federal no podían promulgarse los cambios a la normatividad electoral o el llamado plan B.
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El también líder de la mayoría de Morena en el Senado, dijo que esta Cámara Alta envió desde el miércoles pasado, todo el paquete, pero de acuerdo con la Constitución y la Ley tiene que enviarse al Ejecutivo para su publicación y para ello tienen que firmarlo los dos presidentes de las Cámaras.
Creel por su parte, recordó ahora el Ejecutivo tendrá 30 días para publicar el decreto y si no lo hace la Cámara de Diputados lo hará “porque ya el veto de bolsillo, es decir, que el presidente pueda frenar algo que ha probado el Congreso ya no lo puede hacer; tiene 30 días para desahogarlo y si no, procederemos en consecuencia”.
EAM