La exoneración de Rosario Robles y el amparo concedido al exgobernador de Tamaulipas,Francisco Javier García Cabeza de Vaca para que no sea detenido, abrieron otro frente en las diferencias entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
En ambos casos, la Fiscalía General de la República, dijo que impugnará la decisión y advirtió de acciones penales en contra de los jueces que dictaron ambos fallos.
Lo que preocupa en realidad a la Fiscalía, y desde luego al Gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que con tales resoluciones se demuestra, a los ojos de la opinión pública, que ambos fueron realmente asuntos políticos, no penales.
Es decir, revanchas personales en contra de Robles y García Cabeza de Vaca.
La exsecretaria de Desarrollo Social estuvo presa más de tres años por un delito que en realidad era una falta administrativa, según el fallo del juez que la exoneró, juzgada además por el sobrino de una de sus rivales políticas.
Una licencia hechiza fue suficiente para que dicho juez ordenará la prisión preventiva, sin importar los argumentos presentados por la defensa.
Con García Cabeza de Vaca el pleito comenzó cuando el ahora exgobernador de Tamaulipas impulsó la creación de un grupo de gobernadores panistas para defender el federalismo y pedir que a cada estado le correspondieran las participaciones federales de acuerdo a su aportación al PIB nacional.
Un reparto más justo de la riqueza nacional, pues.
El panista no tuvo empacho en confrontar en su tierra directamente al presidente López Obrador con un discurso que aún hoy se recuerda y que, al final de cuentas, marcaría el derrotero de la relación entre ambos.
La Fiscalía le acusó de delincuencia organizada y lavado de dinero por la compraventa de un departamento en Santa Fe, de cuya operación el exgobernador se hizo de algunos millones de pesos.
Se le quitó el fuero en la Cámara de Diputados pero el Congreso local rechazó aplicar el desafuero esgrimiendo la autonomía de la diputación tamaulipeca para resolver ese asunto.
Aún así, terminando su gestión, se giró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, la misma que ayer fue tirada por el fallo del juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo, Faustino Gutiérrez Pérez.
A pesar de los fallos a favor de Robles y García Cabeza de Vaca, los asuntos podrían no terminar ahí si efectivamente la FGR los protesta.
Las denuncias penales en contra de los jueces será otra pista, pero por lo pronto, pareciera -y solo pareciera-, que ambos casos fueron persecuciones políticas, de esas que el presidente López Obrador dijo que ya no había.
La pelota está en la parcela de Alejandro Gertz Manero.
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Otra pista del circo político está ahora en el enfrentamiento, muy previsible, por cierto, entre la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Este último ordenó, nomás por sus pistolas, que una mujer fuera la presidenta del Instituto Nacional Electoral, en razón de la “alternancia’’ de género.
Ayer todos los partidos se reunieron para unificar una respuesta al mandato del Tribunal.
La respuesta es que no se puede, porque la orden llegó cuando el proceso ya había iniciado además de que no existe un ordenamiento en alguna ley electoral que establezca que debe haber “alternancia’’.
La paridad es otro boleto.
Ahora tocará al Tribunal explicarles a los diputados de dónde se sacaron ese concepto.
LEG