El exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Javier Santiago Castillo, presentó un amparo en contra del comité técnico de evaluación, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Cámara de Diputados por haber sido excluido de la lista donde se seleccionará al próximo consejero presidente de este instituto.
El quejoso reclamó haber sido suspendido y separado del proceso de elección para ocupar el cargo de consejero presidente por el impedimento constitucional de haber ocupado previamente el cargo de consejero electoral en el INE.
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Según el acuerdo del comité técnico de evaluación, su decisión la fundamentó en el artículo 41 de la Constitución y en el cual se establece el impedimento constitucional de Santiago Castillo para participar en el proceso de elección para ocupar el cargo de consejero presidente o consejero electoral.
Santiago Castillo reclamó que no se le otorgó el derecho de audiencia, a pesar de que en la exposición de motivos exigida por la convocatoria presentó los argumentos por los cuales considera que no podía participar para un cargo de consejero electoral, pero sí para el de consejero presidente del INE.
Según el exconsejero, el presidente del INE tiene las atribuciones de conducción de las actividades del consejo general y de vinculación con otras instituciones, siendo un órgano personal.
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Mientras que los consejeros electorales carecen de las funciones que tienen el presidente como órgano unipersonal.
Además de Santiago Castillo, la actual consejera electoral Carla Humphrey presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un juicio, también por haber sido excluida de la lista para participar en la selección de quien sustituirá a Lorenzo Córdova en la presidencial del INE.
El caso de Humphrey es más complicado pues si llegara a ocupa la presidencia del INE dejaría al consejo general con diez integrantes lo cual permitiría los empates en las resoluciones.