Ya van 10 mil millones de pesos y contando, es el costo de la implementación de los Tribunales Federales y del Centro Federal de Conciliación y Justicia Laboral para cumplir con parte de los requerimientos de la Reforma Laboral de 2019. No está de más decir que, al momento, ha sido un despilfarro de dinero que no ha reflejado ni efectividad, ni productividad y mucho menos justicia.

La principal motivación para poner en marcha el Nuevo Sistema de Justicia Laboral no fue la búsqueda de una justicia pronta y expedita para los obreros de México, sino dar el sí a todas las peticiones de Estados Unidos y Canadá para que se diera la renovación de la firma del conocido Tratado de Libre Comercio, hoy T-MEC, sin importar por supuesto, que México no estuviera preparado; y nos referimos a la improvisación, falta de experiencia y preparación de jueces, conciliadores, magistrados y del personal administrativo que hoy operan en los Centros y Tribunales antes mencionados.

Ante la presión por el T-MEC, el Gobierno le dio prioridad a la fachada, es decir, el arranque no se dio pensando en la preparación de los jueces o magistrados que impartirían justicia, sino en los inmuebles que ocuparía el según renovado sistema, hicieron de todo para que parecieran totalmente nuevos y no que sólo cerraban las juntas para volverlas a abrir pero con otro nombre.

Un ejemplo de esta improvisación se vivió en Chihuahua, donde en octubre pasado entró en marcha el renovado sistema con únicamente 5 jueces para atender a casi un millón de personas. ¿Qué tipo de justicia están ofreciendo, donde un juez podría atender a casi 200 mil personas al mismo tiempo? ¿Dónde está el famoso esquema de efectividad que eliminaría tiempos? No hay tal. En Oaxaca, algo similar: los Juzgados Laborales arrancaron con un actuario, un juez y un secretario para atender todos los casos y por supuesto para desahogar el rezago acumulado en años.

Se estimó que a nivel nacional el Nuevo Modelo de Justicia Laboral funcionará con 190 conciliadores federales, 620 locales, mientras que los Tribunales contarán con 131 jueces federales y 190 magistrados locales. Pero, ¿quiénes son estos?, ¿quién nos asegura que están preparados, que no son corruptos, qué tienen criterio para dictaminar, que no son parte de las fachadas?

Las respuestas nos las da el tiempo, tal como pasó hace unos días en Zacazonapan, Estado de México, donde vivimos un recuento en la Mina de Tizapa; el proceso, logística y algo tan delicado como el padrón de trabajadores con derecho al voto, estuvo apoyado por los Centros Laborales y los Tribunales de Justicia Laboral, donde demostraron su improvisación, ya que el procedimiento estuvo lleno de anomalías, de errores e irregularidades.

Nos enfrentamos a un padrón de votación amañado, donde permitieron al millonario Senador de Morena, a Napoleón Gómez Urrutia, aplicar todo tipo de artimañas para sumar gente; una vez más fluyeron sus mañas, su corrupción, su cinismo, y por supuesto sus engaños. Más adelante daremos a conocer qué y cómo le hizo Napillo para ganar.

Napillo es un mitómano de nacimiento, vive engañando gente, hay que reconocerlo, es un maestro, pero no en economía y mucho menos en políticas públicas como presume, sino en la estafa y el fraude. No es la primera vez que Napillo deja de lado toda ética y se pasa de largo la Ley y la voluntad de los trabajadores. Este imitador de minero ya trae historia con estos métodos, si no que recuerde y que nos cuente qué le pasó en Asientos, Aguascalientes, donde implementó la misma práctica que impuso ahora en Tizapa. Tiempo al tiempo.

 

     @CarlosPavonC