La fiscalía de Barcelona presentó este viernes una denuncia por “corrupción entre particulares” contra el Barcelona y varios de sus exdirigentes en el marco de la investigación por unos supuestos pagos del club a una empresa de un exalto cargo arbitral.
La querella presentada en un juzgado barcelonés apunta al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, así como a los antiguos presidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, informó la fiscalía provincial de Barcelona.
También figuran en la denuncia el club azulgrana como persona jurídica y su exdirectivos Óscar Grau y Albert Soler.
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El Ministerio Público imputa a los denunciados un delito de “corrupción entre particulares en el ámbito deportivo”, así como un delito de “administración desleal” a los exdirigentes del Barcelona, a los que también achaca, junto a Negreira, otro de “falsedad en documento mercantil”.
La denuncia se ha presentado tras la investigación llevada a cabo por la fiscalía desde hace cerca de un año sobre unas irregularidades tributarias de la empresa Dasnil 95 de Negreira por unos pagos del Barcelona supuestamente por informes arbitrales.
Más de 7,3 millones de euros:
El documento señala que Negreira, que fue vicepresidente del CTA entre 1994 y 2018, recibió a través de sus empresas más de 7,3 millones de euros (7,7 millones de dólares) entre 2001 y 2018.
El Barça cesó en sus pagos en 2018, según la fiscalía, por la salida de Negreira del CTA cuando se remodeló el organismo con la llegada de Luis Rubiales a la presidencia de la Federación Española (RFEF).
Para el Ministerio Público, el Barça, por medio de Rosell y Bartomeu, “alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial” con Negreira “a fin de que, en su calidad de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones”.
La denuncia apoya esta afirmación en que las empresas de Negreira “giraron facturas que fueron presentadas al cobro ante el FCB sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real”.
El Ministerio Público también alude al burofax enviado por Negreira al Barça tras el cese de los pagos amenazando con revelar “irregularidades” si el club no reanuda la relación.
La fiscalía ha presentado su denuncia ante el mismo juzgado barcelonés que admitió una querella del árbitro Xavier Estrada Fernández contra Negreira por este asunto.
El juez deberá ahora decidir si admite la denuncia de la fiscalía sobre un caso que suscitó un gran revuelo en el fútbol español.
El Barca nunca ha comprado árbitros:
“Que quede claro que el Barça nunca ha comprado árbitros ni ha tenido la intención de comprar árbitros. Rotundamente nunca”, afirmó tajante el presidente del Barcelona, Joan Laporta, el martes pasado durante un coloquio en la capital catalana ante las dudas suscitadas por el caso.
En el aspecto deportivo, el Barcelona no corre ningún peligro, al menos en España, donde los hechos han prescrito, tal como confirmó el presidente de LaLiga, Javier Tebas, pero se desconoce la posición que podrían tener UEFA y FIFA.
En el ámbito penal, los denunciados se arriesgan a penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel, según Alberto Palomar, profesor de derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, consultado por AFP.
El caso echó unas sombras sobre el estamento arbitral, que llevó al conjunto de los árbitros a publicar un manifiesto la pasada semana en el que defendieron que las supuestas acciones de una persona “no pueden manchar de esta manera tan dolosa nuestra imagen y la honorabilidad”.
El caso ha llegado hasta el gobierno de España, donde el ministro de Cultura y Deportes, Miguel Iceta, afirmó el martes en el Senado que “el problema nos preocupa porque perjudica al fútbol y al deporte español”.
KA