La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal de control, radicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, 22 órdenes de aprehensión contra personas relacionadas con el desfalco “multimillonario” a Segalmex.
En un comunicado, la FGR detalló que 12 fueron servidores públicos de esa dependencia; cuatro, pertenecen a las empresas con las que se cometieron irregularidades, y seis, fueron los beneficiarios de los recursos que presuntamente fueron desviados.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, entre los funcionarios que cuentan con orden de captura están René Gavira, extitular de Administración y Finanzas; Manuel Lozano Jiménez, exdirector de Comercialización; Carlos Antonio Dávila Amerena, extitular de la Unidad Jurídica; Roberto Rivera Ramos, exsubgerente en la Dirección Comercial; Jesús Morales Garza, exsubgerente, y Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de presupuesto.
A los funcionarios de Segalmex se les imputa “uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La FGR señaló que se han abierto cuatro carpetas de investigación por las irregularidades financieras en el ejercicio presupuestal de Segalmex durante el actual Gobierno federal.
OPOSICIÓN LO CELEBRA
Legisladores federales de oposición se congratularon por la obtención de las 22 órdenes de aprehensión, pero dudaron de que sean en contra de los verdaderos responsables del desfalco.
“Quiero pensar que realmente son los personajes que operaron estos megafraudes, las personas que se están indagando y que se está enderezando acción penal en contra de ellos y no son chivos expiatorios para salvarle el pellejo al amigo del presidente”, expresó el diputado Jorge Triana (PRI).
Indicó que es bueno que se investigue a funcionarios menores, pero es necesario que se investigue al exdirector de Segalmex, que se ha vuelto intocable.
Por su parte, el diputado federal Marcelino Castañeda (PRD) reconoció que la obtención de las órdenes de aprehensión es un gran avance y son bienvenidas las acciones en contra de la corrupción, pero consideró que no es posible saber si esas órdenes son suficientes.
Reiteró que el caso de Segalmex es la estafa maestra de la 4T, “el nido de corrupción de esta administración”.
Mientras que, la senadora del PRI Claudia Anaya celebró la decisión, pero también admitió su preocupación de que se trate de una acción aislada para tratar de sancionar un daño al erario por 142 millones pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar.
Consideró que el Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, tiene “una buena oportunidad para demostrar que son distintos, yendo por la totalidad del recurso desviado y sobre todo comprobando la responsabilidad de quienes tienen más alto nivel y sin duda mayor poder de decisión dentro de las instituciones”.
En tanto, el senador del PAN, Damián Zepeda, también reconoció como un avance la emisión de órdenes de aprehensión y confió que alcancen a los verdaderos responsables.
“Qué bueno que se hayan librado las 22 órdenes de aprehensión, vamos a ver, espero que esté todo bien documentado y que no vaya a resultar después que los sueltan por haber hecho mal la investigación, yo creo que tienen todo para castigar a estas personas”.
Frase:
“Quiero pensar que realmente son los personajes que operaron estos megafraudes, las personas que se están indagando y que se está enderezando acción penal en contra de ellos y no son chivos expiatorios para salvarle el pellejo al amigo del presidente”, expresó el diputado priista Jorge Triana.
LEG