El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, retomó su cargo, tras su destitución por el Plan B de la reforma electoral.
Durante una sesión del Consejo General, se informó que el funcionario obtuvo una suspensión definitiva contra su despido, ordenado tras la publicación de los cambios legales en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Entre aplausos, el secretario ejecutivo retomó su lugar en la llamada herradura de la democracia y dijo que se trata de un primer paso para restituir el orden democrático.
Te podría interesar: Preocupa que Plan B signifique retroceso en paridad de género en instituciones legislativas
Abundó que su restitución se mantendrá hasta que se resuelva su juicio de amparo o hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva si el Plan B es constitucional.
En paralelo, informó, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SCJN) tiene pendiente de resolución la impugnación contra su destitución, pues es la instancia encargada de dirimir los juicios laborales en las instituciones electorales.
“Los litigios relacionados no son simples controversias jurídicas, tiene que ver con la concepción del Estado mexicano, como un Estado de Derecho, en el que se respeten las competencias jurídicas”, dijo Jacobo Molina al tomar la palabra en la sesión del Consejo General.
Señaló que el Plan B quebrantó abiertamente las disposiciones constitucionales, erosiona la función social del Derecho y se acercó “progresivamente a la ley del más fuerte, con las altas dosis de arbitrariedad”.
Te podría interesar: Morena no tiene pretexto para resolver caso de Cárdenas Palomino; advierte senador Juan Manuel Fócil
Por su parte, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseveró que la reforma electoral tuvo su primer revés jurídico, luego de que las funciones del secretario ejecutivo fueran “indebidamente interrumpidas por el legislador en una norma privativa, concreta y especial”.
Apuntó que el regreso de Jacobo Molina es “un acto de justicia, que restituye en sus funciones a un funcionario probo, honesto y comprometido”.
Afirmó que la resolución judicial va “mucho más allá de un acto jurídico, pues constituye una salvaguarda de la autonomía del INE”.