La Unión Nacional de Avicultores (UNA) confía en que las consultas técnicas que iniciarán los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá en torno al diferendo del maíz transgénico resulten productivas, con el objetivo de evitar un panel o un grupo especial que resuelva la controversia comercial.
David Castro Monroy, presidente de la UNA, enfatizó en que la integración comercial con Norteamérica, es “sólida y profunda”, permitiendo gozar de seguridad alimentaria a los tres países que integran la región.
“Es esencial para el sector avícola garantizar un acceso competitivo a los insumos agrícolas como el maíz amarillo, para asegurara el abasto suficiente y oportuno de huevo y pollo para todos los mexicanos”, indicó la UNA a través de un comunicado.
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“Los avicultores coincidimos en que el diferendo ocasionado por el uso de maíz transgénico es de orden técnico-científico, por lo que debe de ser resuelto por probados en la materia”, añadió la UNA.
Hace unos días, el Gobierno de México recibió la solicitud por parte de Estados Unidos y Canadá para iniciar las consultas técnicas para abordar el decreto que regula el maíz genéticamente modificado, publicado el pasado 13 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que limita el comercio de dicho grano para consumo humano, pero permite para uso animal e industrial.
En su momento, el Gobierno mexicano ha señalado que aprovecharán el mecanismo previsto en el T-MEC para demostrar con datos y con evidencia “que no ha habido afectación comercial” y que el decreto es consistente con el propio tratado.
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Sin embargo, especialistas ya han referido que el desacuerdo por las contrapartes estadounidense y canadiense van en estricto apego al T-MEC en torno a la restricción de comercializar libremente productos en la región.
“El Capítulo 9 del tratado establece que toda medida que implique prohibición o restricción al comercio de mercancías debe estar debidamente basada en principios científicos, normas internacionales o evaluaciones robustas respecto al riesgo para la vida y salud de las personas -elementos de los cuales el decreto (de México) carece-”, expuso el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).