En algún momento, desde que son detenidas, hasta que son sentenciadas, 70% de las mujeres que son privadas de su libertad sufren de algún tipo de tortura por parte de funcionarios públicos en México, de acuerdo con datos del 2021 de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Este martes se presentó el Primer Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida contra Mujeres Privadas de la Libertad en México, por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, en el marco de las actividades relacionadas al 8M del Centro de Estudios Sociológicos (CES) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dicho ejercicio arrojó que “7 de cada 10 (mujeres privadas de su libertad) vivieron algún tipo de tortura, no necesariamente tortura sexual, ya sea tortura, malos tratos, inhumanos o degradantes o tortura sexual, que es un número muy alto, la verdad”, explicó Aribel García Pérez, Directora de Relaciones y Coordinación Institucional en la Dirección General de Estrategias de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, en entrevista para 24 Horas.

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Este es el primer diagnóstico de su tipo en el país realizado por el Estado y surge tras la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó en 2018 al gobierno mexicano, tras las manifestaciones de floricultores de San Salvador Atenco por el aeropuerto de Texcoco en 2006, donde “se detienen arbitrariamente a aproximadamente doscientas personas, cincuenta de ellas fueron mujeres, 31 fueron refirieron haber sido agredidas sexualmente”.

El esfuerzo, encabezado por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, consistió en practicar encuestas en mil 280 mujeres ingresadas en 66 centros de reclusión de las 32 entidades de la República mexicana, de un total de 12 mil 625, es decir, poco más del 10%.

El documento, también, expuso que 3.5 de cada 10 mujeres sufrieron de tortura sexual por parte de alguna autoridad durante su proceso, la mayoría, el 60%, durante alguno de los traslados.

Con el diagnóstico se emitieron 67 recomendaciones para las instituciones que imparten justicia en el país, de las cuales García Pérez destacó la “supervisión que se le da a los centros (penitenciarios)”.

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“Muchas veces nosotros nos dimos cuenta que los penales, por este tema de la corrupción en los estados, no facilitan a las mujeres acceso a las cosas más básicas, como agua y comida. Y también las Fiscalías, que no estén tan atrasadas las denuncias, que avancen con pasos más acelerados y con más diligencia”.

Este Diagnóstico se inscribe dentro del Mecanismo de seguimiento a casos de tortura sexual, impulsado por la Subsecretaría de Derechos Humanos en colaboración con múltiples instituciones públicas, con la finalidad de “dotar de más elementos a las personas que llevan este litigio, para que se haga justicia a estas mujeres en los hechos de tortura de los que han sido víctimas”.

Hasta el momento, ya se llevan a cabo 38 acompañamientos a víctimas con esta herramienta y se espera que los lineamientos se publiquen en los próximos días, “que era lo que un poco hacía falta y que era lo que las sobrevivientes del caso de Atenco habían solicitado, que esto tuviera un andamiaje legal”.