El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló el Comité Técnico para la Implementación del Plan B de la reforma electoral, el cual se encargará de realizar las modificaciones a los instrumentos normativos y administrativos necesarios para el cumplimiento de lo mandatado por los recientes cambios a la legislación electoral.
Durante la primera sesión extraordinaria del Comité, los consejeros integrantes aprobaron por unanimidad el Plan de Trabajo y Cronograma de actividades para el cumplimiento de la reforma, que según el instituto, implica el recorte de 85% de personal del Servicio Profesional Electoral.
Al respecto, la presidenta del comité, la consejera Claudia Zavala, confió en que el diálogo y el trabajo comprometido de sus integrantes “llevarán a aterrizar de mejor manera la gran responsabilidad que nos ha sido encomendada por el Consejo General”.
El Plan de Trabajo y Cronograma contemplan los plazos para cumplir con los artículos transitorios del decreto del Plan B, los cuales todavía deberán ser aprobados por el Consejo General.
El INE comenzará el análisis de la modificación de las estructuras orgánicas del Instituto, que implicará emitir lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de las unidades administrativas.
También “incluye la compactación de las estructuras no contempladas en la reforma; la toma de opinión y conclusión en el diseño, así como en los criterios para la evaluación y designación de los vocales operativos; el cálculo y revisión integral de los tabuladores salariales del personal; la identificación de las medidas, adecuaciones administrativas y el costo que implicará la reestructura orgánica”.
Además, la determinación relacionada con la instalación de órganos locales y oficinas auxiliares, así como los cambios de adscripción de bienes.
Otra de sus acciones será realizar una adecuación normativa para la elaboración del inventario de toda la normatividad que rige al Instituto, a cargo de la Dirección Jurídica.
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Además, la remisión de parte de esta dirección del inventario a cada una de las unidades responsables de la normativa que, en el ámbito de su competencia, deban hacer el análisis para la elaboración del diagnóstico-impacto de las normas que deban modificarse.
A su vez, realizarán un diagnóstico de la normativa prioritaria de carácter administrativo que incluya las adecuaciones enviadas por las unidades responsables; la aprobación por parte del Comité de las propuestas de modificación a las normas electorales y administrativas y la determinación del orden en que se presentarán ante el Consejo General.
Para el adecuado funcionamiento del Comité, se aprobó que celebre dos sesiones ordinarias en mayo y agosto, así como las sesiones extraordinarias que se requieran para el cumplimiento de los objetivos que le fueron encomendados por el Consejo General.
JC