Los documentos difundidos en las últimas semanas sobre presuntos actos de espionaje por parte de las fuerzas armadas son apócrifos ya que no están firmados ni avalados por alguna autoridad.
Así lo aseguró la presidencia de la República quien a través de un comunicado, aclararon que no se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer, relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena, específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial.
“Dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente”, dice el texto.
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“Lo anterior hace evidente que, con motivo de dicho ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional”, agrega.
En septiembre el Gobierno de México sufrió un hackeó masivo por parte del grupo internacional de activistas denominado “Guacamaya”, quienes habrían vulnerado el sistema de cómputo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En el comunicado de la presidencia explican que las acciones de inteligencia, que aplica el gobierno están orientadas a conocer con profundidad aspectos relacionados con amenazas y riesgos a la seguridad nacional, su probabilidad de ocurrencia e impacto, las variables que los componen y su relación causal.
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En el documento el gobierno aseguró que los procedimientos de inteligencia, de ninguna manera están dirigidos a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos; únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia; sin embargo, han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas.
“Uno de los principales rasgos de la inteligencia es la confidencialidad, lo que permite evitar que sea neutralizada la capacidad del Estado para poner en marcha medidas en la materia. Por esta razón, tanto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública como la Ley de Seguridad Nacional, contemplan mecanismos para reservar información que pueda comprometer la seguridad nacional hasta por un periodo de cinco años”, se lee en el texto.
LDAV