La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal anunció que impugnará la suspensión del Plan B de la reforma electoral y acusó al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de actuar de manera arbitraria y violar la Constitución.
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En un comunicado, la dependencia señaló que “una vez que se notifique formalmente dicha resolución, el Ejecutivo federal impugnará la decisión del ministro Laynez Potisek que admitió a trámite y suspendió la aplicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”.
La Consejería pidió a los ministros de la Suprema Corte que actúen dentro de las atribuciones que le corresponden, “sin traspasar los límites que le impone la Constitución y las leyes, pues “de esta manera se garantiza el orden constitucional y democrático, además de proteger los derechos y libertades de todas las personas frente a la arbitrariedad de una autoridad judicial que actúa en contra de las leyes que rigen su actuación”.
Aseveró que no se permitirá que un ministro violente la Constitución y el orden jurídico mexicano, por lo que exigirá al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la suspensión del Plan B de la reforma electoral.
“Resulta preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales, lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar un equilibrio sano entre los Poderes de la Unión”, apuntó la Consejería.
El órgano jurídico de la Presidencia de la República indicó que ministro Laynez Potisek “arrancó hojas de la Constitución” para admitir a trámite la controversia del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Plan B y decretar la suspensión total de las nuevas normas, cuyo objetivo, explicó, “es reducir los costos burocráticos de las elecciones y afianzar los principios democráticos para que los derechos político-electorales de la ciudadanía sean verdaderamente respetados y no ocurran más fraudes, como en el pasado”.
Expresó que “el pueblo de México debe saber que no es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante”.
Señaló que la Constitución no permite la admisión de controversias en materia electoral y criticó que “un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros”.
A su vez, “resulta preocupante que el ministro Laynez Potisek suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así, pues, incluso, no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino sólo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del instituto”.
La Consejería calificó como falso que “se pongan en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la organización de las elecciones, ya que no existe ningún proceso electoral federal en curso, por lo que se trata de una resolución injustificada e innecesaria”.
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Con la entrada en vigor del Plan B, abundó, “el Estado de derecho jamás ha estado amenazado con la aprobación de las reformas a las leyes electorales y, por el contrario, con su aprobación se garantiza el ejercicio eficiente de los recursos públicos para consolidar nuestro régimen democrático a un menor costo para los contribuyentes”.
RM