La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución, en materia de suspensión de derechos para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.
El dictamen, que fue turnado a la Mesa Directiva, propone suspender los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, equiparada o doméstica y violación a la intimidad, y por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos.
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Además, la misma suspensión aplicará para la persona declarada como deudora alimentaria morosa.
En los supuestos aprobados, la persona no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.
La diputada Blanca Alcalá Ruiz (PRI) resaltó la idoneidad e ilegibilidad de cualquier persona que aspire a un cargo público y explicó que se llama 3 de 3 porque aborda el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, “y es 3 de 3, porque va desde ámbito federal, estatal y municipal”:
Por su parte, la diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) expresó que la finalidad es que ninguna persona violentadora acceda al poder público, por lo que llamó a los legisladores a que por unanimidad se apruebe en el Pleno.
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La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Julieta Vences (Morena) urgió, por separado, a que el dictamen se apruebe por el Pleno de ambas Cámaras antes de que finalice marzo para que antes de septiembre se convierta en ley y sea aplicable para los próximos comicios electorales de 2024.