Morena y sus aliados (PVEM y PT) junto con la coalición opositora (PAN-PRI-PRD) elaboraron un iniciativa de reforma a cuatro artículos de la Constitución con la que buscan acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Sin la participación de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), los legisladores en San Lázaro presentaron la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales con la que se pretende evitar la adopción, por parte de los órganos electorales, de disposiciones que rebasan la esfera de sus competencias y suponen la invasión de las competencias propias del Poder Legislativo lo que consideran una alteración de la división de poderes y por tanto del Estado de Derecho.
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“La adopción de medidas orientadas a garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía, adoptadas en exceso de sus facultades, supone que se ponga en riesgo la protección de Derechos Humanos, al emitir tales decisiones sin contar con un asidero constitucional adecuado”, establece la iniciativa en el planteamiento del problema.
La propuesta es que en el artículo 41 Constitucional se adicionen dos párrafos para que: “En materia electoral, las determinaciones que se adopten con relación a la implementación de acciones afirmativas tendrán el carácter de modificaciones legales fundamentales y se sujetaran al límite del tenor literal de la ley y esta constitución”.
Además, se agrega que en el ejercicio de su autodeterminación, los partidos políticos establecerán en sus normas estatutarias las reglas para la designación de sus dirigencias, así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados.
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En el artículo 99 constitucional los diputados proponen que el TEPJF resolverá “exclusivamente” las controversias que se susciten por normas generales, actos y omisiones y resoluciones regulados por las leyes electorales.
Además, el Tribunal dictará sus resoluciones conforme al límite “del tenor literal de la ley y esta Constitución”, y los actos y determinaciones de la Cámara, así como las decisiones de sus órganos de gobierno quedarán excluidas de la jurisdicción del TEPJF.