Este viernes, los dos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa que aún están en México denunciaron que el Ejército obstruye la investigación del caso.
Lo anterior, al presentar su quinto informe en el que presentan un resumen de lo realizado por el grupo durante las dos visitas que ha hecho al país y los hechos que se han presentado en los últimos seis meses.
En el documento, los expertos subrayan que el Ejército ha negado y ocultado información vital para reconstruir las últimas horas de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa que fueron atacados la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 por presuntos miembros de la delincuencia organizada en Iguala, Guerrero.
Pero ¿qué es el GIEI?
Es un cuerpo de expertos creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2014 a solicitud de los padres de los normalistas y de acuerdo con el Gobierno mexicano de esa época para coadyuvar en la investigación y búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
El GIEI comenzó sus labores en México en marzo de 2015 con base en la medida cautelar 409/14 que permitió un año de labores dividido en dos semestres, el primero concluyó en septiembre de ese año fecha en el que presentaron su primer informe en el que rechazaron la llamada “verdad histórica” que argumentaba que los jóvenes fueron asesinados en grupo y después incinerados en el basurero de Cocula, tras lo cual sus cenizas fueron desaparecidas en el río del mismo nombre.
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Durante la segunda parte de la visita que se extendió a abril de 2016 los cinco investigadores enfrentaron una campaña de desprestigio y fueron espiados con el malware Pegasus.
Tras esos hechos y la presentación de su segundo informe, el 30 de abril de ese año el Grupo dejó México por decisión de la administración de Enrique Peña Nieto.
Tres años después, y por invitación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuatro de los expertos volvieron al país en 2020 pero debido a la pandemia de covid-19 sus actividades se vieron limitadas pero proporcionaron apoyo en las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Tras poco más de dos años de retomar sus labores en México, los investigadores de la CIDH presentaron su tercer informe en febrero de 2022 en el que, entre otras cosas aportaron mayor información para echar abajo la tesis de la “verdad histórica” además de presentar evidencias que permiten determinar que en la “Noche de Iguala” hubo participación no sólo de la delincuencia organizada sino de todos los niveles de gobierno.
Además de presentar videos grabados por drones de la Secretaría de Marina en la que se puso de manifiesto la participación de ese cuerpo militar en la manipulación de evidencias en el basurero de Cocula.
En septiembre del año pasado presentaron su cuarto reporte de labores en el que destacaron que no tuvieron acceso a parte del material del primer informe preliminar de la Comisión de la Verdad del Gobierno en el que se calificó la agresión y desaparición de los normalistas como un Crimen de Estado.
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En esa ocasión refirieron que ante lo mencionado y la renuncia forzada del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo y después de hablarlo con los padres y negociarlo con el Gobierno se decidió que dos de los cuatro integrantes -Ángela Buitrago y Carlos Beristaín- se quedarían en el país como parte de un mecanismo de seguimiento y en el ánimo de acompañar las labores.
Los investigadores del GIEI volvieron a retomar el caso de Ayotzinapa a petición de Andrés Manuel López Obrador quien inició su mandato en 2018.
Para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 han presentado informes sobre el caso y han dejado al descubierto las inconsistencias de la “verdad histórica” del exprocurador Murillo Karam.
En septiembre de 2022 concluyó el mandato pero lograron una negociación para seguir seis meses más que concluyeron este 31 de marzo con su quinto informe pero por otra negociación se acordó una extensión de tres meses más hasta junio, mes en el que presentarán un sexto informe más extenso.
¿Quiénes integran el GIEI?
Carlos Marín Beristaín
Originario de Euskadi, España, se ha desempeñado como médico y es doctor en psicología social. Ha laborado en la atención de víctimas, salud mental y derechos humanos en América Latina y África.
Entre sus labores internacionales está que fungió como asesor de las Comisiones de la Verdad en Paraguay, Ecuador, Perú y Guatemala.
En el informe “Guatemala: Nunca Más” participó como coordinador recopilando un análisis sobre los testimonios de violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la guerra civil de dicho país.
También fue perito para la evaluación psicosocial y médica de varios casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A lo largo de su trayectoria Marín Beristaín publicó alrededor de 20 libros.
Ángela María Buitrago
Oriunda de Colombia, Buitrago es abogada de la Universidad Externado de ese país.
Especializada en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas en la institución educativa mencionada anteriormente.
Entre los múltiples casos en los que participó están:
Caso de Palacio de Justicia, Caso en el que Buitrago logró la condena de los generales Jesús Armando Arias e Iván Ramírez y el coronel Alfonso Plazas Vega por desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
Estuvo al frente de la condena contra Edilberto Castro, exgobernador del Departamento de Meta, Colombia, por el homicidio de tres dirigentes políticos y celebración de contratos indebidos.
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Formó parte de las acusaciones contra Miguel Ángel Pérez, exgobernador del Departamento del Casanare, por enriquecimiento ilícito.
Investigó a Ciro Ramírez, exsenador, por presuntas confabulaciones con paramilitares.
Además llevó a juicio a Guillermo León Valencia Cossio, excompañero de trabajo, quien presuntamente sostuvo nexos con Daniel Rendón Herrera, narcotraficante conocido como “Don Mario”.
Francisco Cox Vidal
De origen chileno y labora como abogado. Es egresado de la Universidad de Columbia como Master en Derecho.
Francisco Cox trabajó en los casos Palamara, Melinka, Atala e hijas, entre otros más. También laboró en la extradición del general Pinochet a España.
En su país, Cox es representante del Centro por la Justicia y el Derecho internacional (Cejil)
Destacó por asesorar a la CIDH en los casos de Villagrán Morales en Guatemala y Castillo Pérez en Perú.
El abogado chileno fungió como asesor principal del Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Claudia Paz y Paz
Nació en Guatemala, tiene más de 18 años de experiencia como jueza y es experta en Derecho Penal.
En su trayectoria destaca que fue la primera fiscal de Guatemala, cargo en el que logró detener a más narcotraficantes en seis meses que sus predecesores en 10 años.
Logró la captura de cinco de los 10 narcotraficantes más buscados del país centroamericano.
Claudia Paz y Paz resolvió más 10 veces más casos de violencia contra las mujeres en Guatemala, que en las administraciones pasadas.
Obtuvo la nominación para recibir el Premio Nobel de la Paz en 2013.
Llevó ante la justicia a Efraín Ríos Montt, y más políticos, por la masacre de más de 200 mil mayas.