Durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional de Migración (INM) entregó cuatro contratos por 478 millones de pesos a dos empresas, una dedicada a organización de fiestas y otra señalada por corrupción en la conferencia Mañanera, para la instalación de albergues y servicios en estaciones migratorias, como la que se incendió en Ciudad Juárez, con un saldo de 38 fallecidos.
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Tres contratos se entregaron, por adjudicación directa, a Grupo Master Kong, empresa exhibida por corrupción en la conferencia mañanera del 21 de octubre de 2020, por presuntas irregularidades por 236 millones de pesos en la instalación de bebederos escolares, como parte del programa Escuelas al Cien, en el anterior sexenio.
Grupo Master Kong acumulo contratos durante 2019, 2020 y 2021 para el “servicio de instalación de albergues y puntos de revisión migratoria para las oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración”, con un total de 358 millones de pesos.
En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no hay contratos de esa empresa con otras dependencias públicas durante el Gobierno de la Cuarta Transformación, excepto con Migración, que dirige Francisco Garduño, y que depende de la Secretaría de Gobernación, de Adán Augusto López.
Uno de los contratos por un monto máximo de 200 millones de pesos señala que el objetivo es la instalación de carpas, mesas, sillas, lavadores, baños, enfriadores, bebederos, entre otros aditamentos de los albergues para migrantes.
Mientras mantenía contratos vigentes con Migración, Grupo Master Kong fue exhibido, en la conferencia Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador del 21 de octubre de 2020, por supuestos actos de corrupción durante el anterior sexenio, por lo que incluso se señaló que había procedimientos penales contra la empresa por las irregularidades. Su giro es la fabricación de mobiliario.
Al dar un balance del Programa para Bebederos Escolares, que formó parte del fideicomiso de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo en el anterior sexenio, José Antonio Álvarez Lima, en ese entonces director de Canal 11, dijo que el programa “se distorsionó por la corrupción, hay demandas en los tribunales.
La improvisación, sin experiencia de las empresas que los instalaron y con irresponsabilidad”.
El funcionario abundó que “las empresas que han sido demandadas son Refrigeración Ojeda, por 77 millones de pesos; Grupo Constructor Carsev, 624 millones; Grupo Master Kong, 236 millones, que hacen un total de 937 millones de pesos”.
Además, dijo, “se comprobó que las empresas contratadas están demandadas, en 2019, ya en esta administración, se dedican a actividades ajenas a la instalación de este tipo de artefactos: una a refrigeración, otra a urbanización y otra a venta de mobiliarios”.
Banquetes
Por otra parte, por adjudicación directa y sin proceso de licitación, en 2022 se entregó un contrato a Grupo Caufi por 120 millones de pesos. Según el Registro Público de Comercio, su objeto social son los banquetes, las “fiestatema” (fiestas temáticas), convenciones, graduaciones y festivales.
De acuerdo con la fracción XXVII del artículo 72 de la Ley Federal de Transparencia, los sujetos obligados; es decir, las instituciones que reciben presupuesto público, deben poner a disposición de los ciudadanos y tener actualizada por medios electrónicos la totalidad de los contratos que celebran y sus respectivas modificaciones.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración no tiene publicado el contrato de Grupo Caufi, por lo que no se conocen los detalles, excepto que fue para el “servicio de instalación de albergues y puntos de revisión migratoria para las oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración en la República mexicana”.
Grupo Caufi, previó a obtener la adjudicación directa con el INM, solo tiene cuatro contratos con instituciones públicas entre 2018 y 2022, una de las cuales fue por 155 mil pesos para el mantenimiento a hidroneumáticos del edificio de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el cual firmado en 2021.
Con la misma institución educativa obtuvo otra adjudicación directa por 629 mil pesos para el mantenimiento de inmuebles, en 2020, así como otro por 1.8 millones de pesos con el Instituto Mexiquense de Ciencia y Tecnología para servicios de instalación en la XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en 2018.
A su vez, con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario obtuvo una adjudicación directa por 318 mil pesos por el Servicio integral de cafetería para el personal de esa dependencia, la cual se entregó en 2019, ya en la administración de la Cuarta Transformación.
Es decir, el INM contrató a una empresa dedicada a banquetes y otra señalada por el propio Gobierno de corrupción para la instalación y servicios en los albergues y estaciones migratorias, como el de Ciudad Juárez, el cual se incendió la semana pasada.
Arquidiócesis crítica la política migratoria
La Arquidiócesis de México criticó, a través de su editorial Desde la fe, que 39 migrantes hayan muerto ante la indiferencia de funcionarios y elementos de seguridad que no hicieron nada por auxiliarlos.
Por ello, advirtió, la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo no debe quedar impune, al tiempo que aseguró que el Gobierno solo se dedica a contener el paso de los indocumentados, pero sin enfoque en los derechos humanos.
“Como aseguró la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), lo ocurrido en Ciudad Juárez pone en evidencia que las políticas migratorias implementadas se enfocan en la contención y no en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes”, destacó.
Por ello, señaló que la solución a la crisis humanitaria que se vive en materia de migración debe tomar en cuenta el factor humanitario, “a partir del hecho real de que los migrantes son personas vulnerables, con historias dramáticas que, en la mayoría de los casos, la única opción que tienen para alimentar a sus familias es emigrar a otro país”, sentenció.
En el caso ocurrido a finales de marzo, recordó que ya se generaron órdenes de aprehensión para castigar a los involucrados, pero la deuda social con los migrantes no termina ahí.
LEG