No está claro sí el Gobierno mexicano realizó lo que el presidente López Obrador denominó la “segunda nacionalización’’ de la industria eléctrica o solo firmó como aval para que un grupo de inversionistas extranjeros pudieran comprar las 13 plantas de generación eléctrica a Iberdrola.

Y no queda claro porque, fiel a su costumbre, el Gobierno dio un anuncio a medias.

De acuerdo con medios internacionales, como Reuters, la compra de las 13 plantas de Iberdrola en México, 12 de ciclo combinado y solo una eólica, La Venta III, la realizó el fondo de inversiones privado México Infrastructure Partners (MIP) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) dio las garantías necesarias para la operación.

El monto de la operación fue de seis mil millones de dólares, que no estaban contemplados en el presupuesto para este año.

MIP tendría como socio al Banco de Comercio Exterior (Bancomext), que sería el responsable de buscar a inversionistas extranjeros para invertir en infraestructura en nuestro país.

¿Qué porcentaje de MIP tiene Bancomext? El dato no se conoce.

Pero mientras son peras o son manzanas, si efectivamente los recursos los aportó MIP para la compra, el Gobierno no será el dueño de las plantas sino los inversionistas privados que permitirían a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) operar dichas plantas, que producen unos 8,500 kilowatts al año.

El Gobierno tiene que aclarar si los seis mil millones de dólares saldrán de las arcas nacionales y cómo se pagará la compra pues la inversión no estaba contemplada en el presupuesto para este año.

Y si no es el Gobierno el dueño, también se tiene que aclarar quiénes son los nuevos dueños y qué porcentaje tienen las instituciones como el Bancomext en la operación.

Por lo pronto, eso de querer ser el Adolfo López Mateos (el Presidente que nacionalizó la industria eléctrica) de este siglo, puede esperar.

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La carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente chino Xi Jinping demuestra, entre otras muchas cosas, que el Gobierno mexicano no tiene control de los puertos nacionales.

Independiente del contenido anecdótico de la misiva, el mandatario mexicano le pide a Jinping que le haga la tarea al Gobierno.

“Acudimos a usted no para pedirle apoyo ante esos groseros amagos (de congresistas estadounidenses que pretenden que su gobierno declare como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga) sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo”, dice la misiva.

“Sería un apoyo inestimable contar con la información sobre quiénes importan esta sustancia (el fentanilo), en qué cantidad, en qué embarcaciones, cuando sale de los puertos chinos a qué puertos mexicanos llega y el tipo específico de sustancia’’, solicita.

O sea que los chinos hagan el trabajo de inteligencia que el Gobierno mexicano no puede o no quiere hacer.
No, pues sí.

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Como sabe, hace cosa de dos semanas fueron detenidos dos abogados ligados al expresidente de la Cooperativa la Cruz Azul, quien es propietaria del equipo de futbol del mismo nombre.

Jorge Enrique Ortega Flores y Luis Miguel Campos Díaz de la Vega fueron detenidos y acusados de fraude procesal, es decir, de mentir a las autoridades judiciales para beneficiarse de los fallos.

Ambos litigantes fueron los representantes de Federico Sarabia Pozo, que se ha declarado presidente de la cooperativa a pesar de que el reconocimiento oficial, legal pues, lo tienen Víctor Velázquez y José Antonio Marín.

Los litigios encabezados por los abogados detenidos permitieron a Sarabia Pozo reclamar la propiedad de varias instalaciones de la sociedad cooperativa.

Parece que el gusto no le durará mucho tiempo más.

LEG