Con el fin de establecer procedimientos homologados en todo el país para dirimir las controversias entre particulares, las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron esta tarde, el dictamen por el que se expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
El proyecto que contiene más de mil 200 artículos en diez libros, así como 20 artículos transitorios, minimiza las formalidades en las actuaciones judiciales; elimina la diversidad de criterios sobre una misma institución procesal; y establece políticas públicas para mejorar, de manera transversal, la administración e impartición de justicia civil y familiar.
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Al respecto, la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, enfatizó que este nuevo ordenamiento es una respuesta al reclamo de justicia cotidiana de la población mexicana. Y reconoció que este instrumento debe perfeccionarse conforme avance su implementación.
“Con la expedición de este código procesal de carácter nacional, no solo se está cumpliendo con las disposiciones constitucionales, sino también, con la ciudadanía, al garantizar un proceso homologado en todo el país, priorizando en todo momento la resolución del fondo del conflicto por sobre los formalismos procesales y haciendo valer los postulados de acceso a una justicia expedita, pronta, completa, imparcial y gratuita”, declaró.
Dijo que este producto es un Código de envergadura que se construyó a lo largo de un año, con la participación de expertos y profesionales.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, instó al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a que acompañen la implementación de este proyecto con los recursos financieros necesarios, pues “es un ejercicio normativo que le va a traer mucho bien al país, pero si no va acompañado con los recursos para instrumentarlo en todas las entidades, se puede que dar en sólo una buena intención”.
Por Acción Nacional, el senador Damián Zepeda destacó el régimen transitorio del dictamen, pues dará tiempo para que universidades, tribunales y litigantes se familiaricen con el nuevo modelo.
El senador del PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué mencionó que lo que hoy se discute es una combinación casi perfecta, entre el derecho, la ley escrita y la buena política, “la que construye consensos, la que trae a la mesa todas las propuestas, porque la verdadera ejecución de las leyes es cuando viene de quienes la viven a diario y es más sencilla”.
El petista, Joel Padilla Peña, destacó el impulso de diversos recursos tecnológicos, financieros y humanos para contar con un funcionamiento y servicio adecuado, lo que permitirá liberar la carga de trabajo de los tribunales. Además, destacó que el nuevo Código promueve un sistema de impartición de justicia que garantizará los derechos humanos.
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Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, precisó que espera que la implementación de este Código no deje “un mal sabor de boca” como lo ha hecho la del Código Penal Federal, pues el 70 por ciento de los juicios nacionales son en materia civil y familiar.
Por el Grupo Plural, el senador Germán Martínez Cázares aseguró que en la elaboración del proyecto se hizo política, pues imperó el diálogo y se escuchó a los peritos y técnicos en derecho, lo que permitirá cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero con el deber moral de tener una República fundada en relaciones civiles ciertas y respetadas.
Se pretende que este dictamen sea sometido esta semana para su aprobación ante el Pleno del Senado.
LDAV