- Fomenta la discriminación y se abandona a la ciudadanía en la indefensión legal
- Hizo un llamando a la bancada del PRD en la Cámara de Diputados a reflexionar su voto e impedir se reviertan los derechos políticos conquistados
La presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras rechazó la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, la cual impide garantizar el principio de paridad en la postulación de candidaturas para puestos de elección popular y la integración dirigencias partidistas.
“El PRD a lo largo de su historia siempre ha pugnado por la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres, para las minorías y las personas en vulnerabilidad social; por lo que rechazamos esta iniciativa antidemocrática y regresiva”, expresó.
Indicó que al prohibir la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar la paridad de género y las acciones afirmativas se fomenta la discriminación y se abandona a la ciudadanía en la indefensión legal.
Además, señaló que con esta iniciativa electoral las personas que tengan procesos administrativos o judiciales de violencia intrafamiliar, violencia política en razón de género o sean deudores alimentarios, podrán ser candidatos o candidatas, ya que tampoco se respetarán los principios de 3 de 3 contra la violencia de género.
La ex diputada y jefa delegacional de Gustavo A. Madero, externó que, aunque existe un avance en los derechos políticos electorales de las mujeres, “prevalece un machismo soterrado sobre todo en la esfera política”.
En ese sentido hizo un llamado a las diputadas y diputados de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados a impedir que una reforma electoral de este tipo revierta los DERECHOS políticos conquistados por las mujeres, la población LGBT, las personas con discapacidad y migrantes.
Arias Contreras dijo que la iniciativa es anticonstitucional pues violenta el artículo 1ero. de la Carta Magna, que mandata la progresividad de los derechos de la ciudadanía.