Un mes después de la reunión en Palacio Nacional, el próximo jueves, los encargados de la seguridad, tanto de México como de Estados Unidos, se volverán a ver las caras en un encuentro que tendrá lugar en Washington, y en el que ambas delegaciones dialogarán sobre los esfuerzos que está haciendo cada país para hacer frente al tráfico y consumo de fentanilo en ambos lados de la frontera.
Del lado mexicano, acudirá a la Casa Blanca el gabinete de seguridad, encabezado por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y por el lado estadounidense, el grupo estará liderado por la asesora del presidente Joe Biden para seguridad nacional, Elizabeth Sherwood-Randall, con quien además también se abordará el tema de la venta ilícita de armas a los grupos criminales que operan en México.
Se trata, sin duda, de una reunión de alto nivel que, aunque se antoja ríspida -pues las declaraciones de algunos legisladores republicanos que se han pronunciado porque las fuerzas armadas estadounidenses puedan combatir a los cárteles de la droga en territorio nacional, no han caído nada bien al Gobierno mexicano- el desenlace tiene que ser de acuerdos concretos y de estrategias que se deben implementar de manera bilateral para poder hacer frente a esas calamidades en que se ha convertido el fentanilo y el tráfico de armas.
Y es que, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno de la Unión Americana, tan solo en un año, de febrero de 2021 al mismo mes de 2022, casi 110 mil personas perdieron la vida por el consumo de esta sustancia y se calcula que, si no se hace algo rápidamente, esa cifra se podría incrementar de manera alarmante en los próximos años, pues se tiene un cálculo de que en Estados Unidos existe una población de 15 millones de adictos que, día tras día, están expuestos a una sobredosis y por ende a la muerte.
Pero en México la situación no es menos alarmante, pues el tráfico de armas procedentes de EU está imparable a pesar de la demanda que interpuso la cancillería, en agosto del año pasado, contra diez compañías productoras de armas y una armería comercial estadounidense por prácticas negligentes que facilitan el tráfico a nuestro país.
Algunos expertos en seguridad consideran que las consecuencias de este comercio ilegal han sido devastadoras, pues mientras en 2004, cuando todavía estaba prohibida la venta de armas de asalto, el número de homicidios en México fue de 11 mil 658; para 2020, esa cifra se incrementó de manera considerable, hasta llegar a 28 mil 830; es decir, mientras no se frene el ingreso a nuestro país de armas provenientes del vecino del norte, será casi imposible disminuir la violencia.
De ahí la importancia de que, en la reunión del jueves en Washington, los representantes de seguridad de México y Estados Unidos puedan llegar a un entendimiento para trabajar de manera coordinada; pues solo así se podrá hacer frente a estos flagelos que han cobrado la vida de cientos de miles de personas en ambos lados de la frontera.
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@JuanMDeAnda