La iniciativa que reforma diversas disposiciones en materia administrativa federal, fortaleciendo la rectoría del Estado, se convertiría en un inhibidor de la inversión en el país, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
“En el IMEF consideramos que de aprobarse este proyecto de decreto sin cambio alguno se atentaría contra el Estado de Derecho, convirtiéndose en un inhibidor de la inversión en el país, al trastocar la seguridad y certeza jurídica de los ciudadanos y empresas dejándolos en estado de indefensión frente a actos de gobierno que pueden resultar arbitrarios y sin fundamentos objetivos”, planteó el Instituto en un comunicado.
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“La inversión, que es el pilar fundamental para el desarrollo de cualquier país, necesita condiciones de certidumbre jurídica en el tiempo, misma que estaría perdiéndose con las medidas propuestas”, agregaron.
El IMEF refirió que la iniciativa plantea modificar 23 leyes federales, y de acuerdo con el proceso legislativo, podría ser aprobada en el presente periodo ordinario de sesiones, es decir, durante abril.
El Instituto sostuvo que la economía mexicana requiere de una recuperación de la inversión, para lo cual, el entorno internacional es especialmente propicio: ” el proceso de relocalización de las cadenas de suministro de América del Norte (nearshoring) representa la principal oportunidad de desarrollo para México en los próximos años y su aprovechamiento debe fundamentarse en una estrategia integral de fomento y certidumbre a la inversión”.
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En ese sentido, el IMEF exhortó a los legisladores a rechazar dicha iniciativa de reforma como está planteada, con el objetivo de mantener la certidumbre jurídica necesaria para un entorno económico y de negocios que contribuya al crecimiento del país.
A finales de marzo pasado, el Ejecutivo Federal mandó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia administrativa cuyo objetivo se centra en dotar a la Administración Pública Federal instrumentos jurídicos “para salvaguardar de manera eficaz el interés general, público y social”.