Ante la inminente aprobación del dictamen de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en comisiones unidas de Educación, y de Ciencia y Tecnología de Cámara de Diputados, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, señaló que la propuesta es centralista, discriminatoria y sin cambios sustanciales en pro de la comunidad científica.
Condenó la premura con que se ha dado el análisis de esta iniciativa, toda vez que de los siete foros de parlamento abierto que se habían acordado para discutirla solo se han realizado dos.
Únicamente, puntualizó, se llevaron a cabo el referente al “Derecho humano a gozar de los beneficios de la ciencia” y “Definición y diseño de la política pública y de sus instrumentos”, y siguen pendientes otros asuntos como el fomento y el financiamiento público; el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación (HCTI); bases de coordinación con entidades federativas y municipios y el Sistema Nacional de Centros Públicos.
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García Gasca cuestionó la urgencia por aprobar el dictamen, aun cuando no existe plazo fatal y tanto diputados como senadores habían establecido compromisos para escuchar a la comunidad interesada en que sea una normativa incluyente.
“(Los diputados de Morena dicen que pueden) aceptar hasta nueve cambios sustanciales en la nueva ley, para que se apruebe el martes 25 de abril, es decir, mañana y, bueno, que pase al pleno el día jueves.
“Estos cambios son entre algunos otros: establecer un compromiso para que el presupuesto federal dedicado a ciencia nunca sea menor que el año anterior, es decir, quitan el compromiso de lograr 1% del Producto Interno Bruto (destinado a la ciencia y la tecnología), el promedio de los países que somos parte de la OCDE es del 2.9% y en México está en el 0.3%, es decir, no hemos llegado al 1% ciento, pero eso no quiere decir que se quite al menos esa meta”, dijo.
Agregó que también se habla de mantener los centros públicos de investigación como entidades paraestatales y no modificar el régimen ni los derechos laborales de los actuales trabajadores de los centros públicos de investigación, “este es un tema muy sensible porque la iniciativa de ley transgrede su autonomía”.
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“Habla de aumentar de seis a ocho el número de representantes de investigadores del sector social y privado en la Junta de Gobierno, ¿cómo se invitan? de forma discrecional para que participen con voz y voto, es decir, está nulificada la voz del sector académico, no existe, no participa.
“Tampoco se hace alusión a la participación de los consejos estatales de ciencia y tecnología; y no se menciona una intervención puntual de los gobiernos estatales o municipales, excepto que tienen que ser corresponsables en la asignación del recurso”, detalló.
Por ello insistió la rectora, la comunidad interesada se encuentra pendiente de que esta misma semana se vote el dictamen y que deba tomar acción con otro tipo de alternativas: “pedir a la Cámara de Senadores los parlamentos abiertos y que se cumpla la palabra de hacer las modificaciones correspondientes; y, bueno, en todo caso irnos al amparo en lo particular, cada investigador podrá hacerlo en términos de que se cumpla todo este proceso que evidentemente está siendo pasado por alto”.