Por unanimidad, el Senado de la República eliminó el tope de gasto en comunicación social para estados y municipios que había sido aprobado como parte del denominado Plan B en materia electoral.
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De esa manera, los gobiernos locales, conforme a sus circunstancias, podrán determinen su propio límite de gastos en materia de comunicación social.
El texto vigente de la ley, que forma parte del llamado plan B electoral del Gobierno federal, topa en 0.1% del presupuesto para cada ente de gobierno, desde la Federación hasta los municipios, el gasto que pueden hacer para difusión.
Ante ello, al menos 168 municipios presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) controversias constitucionales por considerar que esa disposición violaba su autonomía municipal.
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Ante ello, la reforma recién aprobada y que será enviada al Ejecutivo para su promulgación, elimina este tope, pero agrega que los estados, municipios y alcaldías capitalinas, determinarán su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, “considerando los principios contenidos en el artículo 5 bis de esta ley”, referente a los principios de austeridad republicana, economía y racionalidad presupuestaria.
CSAS