En México han desaparecido cinco menores de edad cada día, en promedio, desde que inició el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, el pasado 1 de diciembre de 2018, a la fecha.
En los 53 meses que van de la actual administración han desaparecido un total de 7 mil 531 personas en un rango de edad de 0 a 17 años, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
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Las niñas y adolescentes son las más afectadas, ya que la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda reporta que 4 mil 314 (57.28%) son mujeres, 3 mil 210 (42.62%) hombres y los siete restantes son de género indeterminado.
El Estado de México es la entidad que más desapariciones ha registrado con mil 412, seguido de Ciudad de México con mil 107, Nuevo León con 608, Jalisco con 561 y Veracruz con 459.
Juan Martin Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, explicó a 24 HORAS que la desaparición de personas es un crimen de lesa humanidad, es decir, un crimen continuo, porque una persona desaparecida, puede estar con vida y ser víctima de otros delitos como: violencia sexual, explotación laboral, tortura o incluso concluir su vida con homicidio o feminicidio.
“En esta administración lamentablemente, está mantenida la dinámica de guerra que tenemos que empezó Calderón, continuó Peña Nieto y ha llegado a niveles insospechados con López Obrador, por ello es que el crimen de desaparición está muy presente, porque está directamente vinculado con la guerra criminal que vive este país junto con los homicidios”, comentó.
“Aquí tenemos que responsabilizar directamente al fiscal (Alejandro) Gertz (Manero), que desde su llegada ha buscado reventar el sistema nacional de búsqueda y ha llevado a que la Fiscalía, en su conjunto en las 32 entidades en la República, impidan el trabajo articulado que demanda el sistema”, alertó.
Pérez García aseguró que las comisiones de búsqueda, formadas por personal especializado, no tienen las facultades legales, porque eso le corresponde la Fiscalías, como solicitar intervenciones telefónicas, rastreos de GPS y “se han dedicado a boicotear este trabajo, esto se ve reflejado en un incremento de casos de desaparición”.
El especialista acusó que se ha generalizado una omisión y negligencia de las autoridades actuales para hacer la búsqueda en vida.
Nancy Ramírez, directora de incidencia política y temas globales de Save The Children, indicó en entrevista para 24 HORAS, que son distintas las circunstancias que se están llevando en México a una violencia no vista en varios años, entre ellas, las desapariciones que según ella han incrementado.
La experta sostuvo que uno de los elementos centrales en estos tipos de violencias tienen que ver con causas estructurales que se originan desde la propia falta de prevención en todos los sectores donde están los niños y niñas.
La integrante de Save The Children reconoció que desde el entorno familiar, muchas veces las propias condiciones que se viven al interior de las familias provocan que los menores estén en condiciones de vulnerabilidad, donde están más sujetos a ser vulnerables en sus derechos.
“Una atención desde la parte preventiva, por supuesto empezar a trabajar mecanismos que garanticen que las niñas y niños estén en entornos de protección independientemente de qué si es su casa, la escuela, las comunidades”, destacó.
Ramírez también indicó que la incapacidad que tienen algunas instituciones para poder atender la situaciones de violencia que están viviendo los menores, complican que se activen los mecanismos necesarios para su búsqueda.
Frase:
“Las madres buscadoras nos han dado demasiados, ejemplos tristes, no solamente con su denuncia, sino con sus muertes de que esta búsqueda es peligrosa porque cuando ya están identificando dónde se encuentran los cuerpos, las fosas o, incluso los presuntos responsables de la desaparición, pues están coludidos con la fiscalías y han sido varias de ellas asesinadas o amenazadas”, Juan Martín Pérez.
Integrar Sipinna atenta vs. infancia: diputados
Por: Marco Fragoso
La integración del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) al DIF atenta y vulnera los derechos de la niñez mexicana, coincidieron legisladores e integrantes de la sociedad civil.
Ayer, en conferencia de prensa, desde San Lázaro, la diputada Ana Lilia Herrera advirtió que propuestas como esta se realizan sin ningún tipo de análisis, porque, aseguró, no hay en la iniciativa un argumento o valoración del impacto que esto puede tener en la niñez y la adolescencia mexicana.
Además, pone en peligro la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes lo que representa un grave retroceso en materia de Derechos Humanos para el país.
“La propuesta (…) pretende fusionar y subordinar el sistema de protección de niñas niñas y adolescentes con el DIF y desmantelar también el centro Nacional para la salud de la infancia y la adolescencia entre otras dependencias”, dijo.
“Se compromete la responsabilidad del Estado Mexicano con la protección de este sector tan importante de la población, por mandato constitucional deben colocarse en el centro de las decisiones de todas las autoridades”, agregó.
En días recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una propuesta para fusionar 18 órganos desconcentrados del Gobierno Federal, entre ellos el Sippina.
LEG