La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la expedición de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
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Con apenas dos foros del Parlamento Abierto, de siete que se acordaron, y con la dispensa de trámites legislativos que evitó su discusión en comisiones, fue avalado el dictamen que transforma el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación (CNHCTI) y crea el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
El documento establece que la Federación, los estados y los municipios, deberán contribuir al financiamiento de las actividades en humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, pero el Estado podrá promover la participación de la banca de desarrollo y organismos internacionales en el financiamiento de actividades e investigación.
Respecto a la administración de las becas para investigación el Consejo Nacional podrá otorgarlas siempre y cuando los investigadores realicen actividades en universidades, institutos o centros de investigación del sector público.
Sin embargo, sí se podrán celebrar convenios con universidades privadas, pero siempre y cuando éstas asuman la obligación de entregarles estímulos económicos en caso de que los académicos obtengan algún reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores.
Uno de los puntos que generó mayor crítica entre la oposición fue que se retiró la obligatoriedad del Estado para destinar 1% del PIB a ciencia y tecnología, pues ahora el monto que se destine únicamente tendrá que ser superior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Tania Cruz (Morena) destacó que para México será un hito pasar del Conacyt al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias Tecnologías e Innovación.
“Voces que encarnan intereses contrarios al derecho humano a la ciencia, no hablan de estas transformaciones e incluso buscan desacreditar la participación de más de 70 mil personas, organizaciones e instituciones de los sectores públicos, social y privado, que mediante foros de consulta , mesas de diálogo, foros regionales y temáticos han participado en un proceso de interlocución y construcción de acuerdos para conformar esta iniciativa que constituye una verdadera ciencia para México”, aseguró.
La diputada Elizabeth Pérez (PRD) señaló que el dictamen no soluciona los problemas que, según Morena, existen, pues “no resuelve el tema de la aparente corrupción que llevó al régimen a despojar a más de 25 mil millones a la ciencia, la tecnología y la innovación en 109 fideicomisos”.
“Andrés Manuel López Obrador, a más de dos años, no ha presentado una sola prueba de que esa corrupción que denuncia según él todos los días, tenga algún efecto. Sí afectó a investigadores, becarios, académicos, académicas, y sobre todo a la comunidad científica”, comentó.
“No solo no ha presentado pruebas, sino que no hay denuncias en contra de los presuntos responsables de la corrupción. No, esa ley no resuelve eso”, agregó la perredista
Lamentablemente, continuó, tampoco resuelve los abusos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en contra de sus adversarios por medio de denuncias que llevan a la ciencia a los juzgados.
Mientras tanto, a través de un comunicado, el Conacyt celebró la aprobación del dictamen que garantiza el derecho humano a la ciencia.
Destacó que lo aprobado es resultado de “un profundo trabajo legislativo que retoma la participación y consenso de las comunidades académicas, científicas y tecnológicas a favor del derecho humano a la ciencia”.
A su vez, el presidente de la mesa directiva, Santiago Creel (PAN), consideró que este dictamen será atacado jurídicamente y la Suprema Corte confirmará su ilegalidad.
Suprema Corte rechaza desaparición el Fidecine
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó, por mayoría de votos, la propuesta para negar el amparo contra la desaparición del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine).
Durante la sesión de este miércoles, los ministros desecharon el proyecto de Loretta Ortiz, con el cual se pretendía avalar la desaparición de ese fideicomiso, la cual fue decretada en 2020, junto a otros 374 mecanismos de ese tipo.
El asunto fue turnado a otro integrante de la Corte para que lo reformule y presente una propuesta en la que se otorgue el amparo, así como los efectos de éste.
Previo a la discusión de este tema, integrantes de la industria cinematográfica, incluidos los ganadores del Oscar, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación evitar la extinción del Fidecine.
En un posicionamiento junto a cientos de trabajadores, los galardonados cineastas señalaron que en 20 años ese fideicomiso apoyó la creación de más de 300 productos fílmicos, al considerar que es “regresiva y autoritaria”.
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